El viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas, presentó los tres ejes centrales del proyecto: tratamiento para grupos armados organizados, sometimiento de estructuras de alto impacto y acuerdos de colaboración vinculados a la protesta social. A su exposición siguieron críticas y comentarios de diversos sectores. La exministra Ángela María Buitrago advirtió sobre la falta de un procedimiento claro y los riesgos de permitir conservar parte de los bienes ilícitos, mientras que el exministro Juan Fernando Cristo calificó la iniciativa como “inoportuna, inconveniente e inviable”. Por su parte, el representante Álvaro Rueda destacó la importancia del proyecto, pero alertó sobre las dificultades políticas y jurídicas que enfrenta su trámite.
El debate también contó con la participación de otros expertos y actores presentes, quienes advirtieron que la propuesta podría “terminar premiando la reincidencia” de excombatientes expulsados de procesos anteriores. Asimismo, expresaron su preocupación por la inclusión de delitos asociados a la protesta social, al considerar que ello podría generar una peligrosa confusión entre el ejercicio legítimo de un derecho constitucional y el crimen organizado.
Ante estas críticas, el viceministro Dueñas defendió el proyecto, aclarando que no se trata de crear una nueva jurisdicción ni de abrir espacios de impunidad, sino de establecer procedimientos dentro de la justicia ordinaria que permitan mayor agilidad y control judicial. Señaló que los listados de beneficiarios serían verificados por la Fiscalía y filtrados por jueces, evitando errores del pasado, y resaltó que la Corte Constitucional ya ha avalado esquemas similares en Justicia y Paz y en el Acuerdo de La Habana. En sus palabras, “no se están generando cuotas de impunidad, por el contrario, se busca desescalar el conflicto sin abandonar el monopolio de las armas del Estado”.
El evento cerró con el compromiso de sistematizar las recomendaciones surgidas para presentarlas al Congreso, en un contexto de consenso sobre la necesidad de una ley de sometimiento, aunque con marcadas diferencias sobre su diseño actual. Desde la KAS, consideramos que promover escenarios como esta Mesa de Expertos es esencial, pues permiten contrastar visiones, identificar riesgos y construir propuestas que fortalezcan la institucionalidad democrática, como lo mencionó la coordinadora a cargo, Andrea Valdelamar.
