El evento fue inaugurado por Carlos Augusto Chacón, director del ICP, quien ofreció una breve introducción temática antes de ceder la palabra a Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Éste presentó el trabajo de la Fundación y destacó la relevancia del Observatorio Legislativo como espacio para debates multisectoriales y pluralistas.
Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), aportó a la mesa de expertos un vídeo en el que habló sobre la construcción de prisiones, la violencia dentro de los establecimientos carcelarios y la protección de las víctimas frente a posibles revictimizaciones como cuestiones de seguridad ciudadana.
Seguidamente, Juan José Castro Muñoz, socio director de Castro Muñoz & Abogados, empezó su provocación explicando la lógica de la justicia penal que pretende disuadir los delitos, solucionar las causas de los mismos y finalmente a prevenir crímenes. Hablando de la Reforma a la Justicia que busca lograr una “humanización de la política criminal”, señaló que la política actual ha sido solamente reactiva y que hacen falta estrategias de prevención que vayan más allá de castigar. Frente a violaciones de derechos humanos dentro de cárceles colombianos, recordó las obligaciones del Estado de garantizar la dignidad humana, que surge tanto de su propia constitución como de compromisos a nivel interamericano.
A continuación, el Viceministro Nacional General del Interior, Gustavo García, señaló la necesidad de transformar el sistema criminal en vista de los contextos de deshumanización que viven los más de 200.000 privados de la libertad en el país. Según García, la despenalización de algunos delitos y la creación de alternativas al encarcelamiento pueden contribuir a este proceso de humanización.
Recordando anteriores esfuerzos para despenalizar y descriminalizar ciertos delitos, Enrique Gil Botero, Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), mencionó la declaración de Cartagena de Indias. Este documento firmado por los ministros iberoamericanos en julio del año 2021 consiste en principios comunes en política criminal. Según Botero, la situación actual de los reclusos en Colombia, caracterizada por la violación generalizada de los derechos humanos, viola tanto la Constitución colombiana como los estándares iberoamericanos. Un cambio estructural que focalice la resocialización y la rehabilitación y que cumpla con las obligaciones legales tanto nacionales como internacionales requiere de adaptaciones legales, institucionales y sociales.
Esta intervención fue seguida por la de Diógenes Quintero, Representante a la Cámara, quien pidió que se retirara el mensaje de urgencia sobre la reforma, permitiendo así un diálogo más profundo. Además, reclamó la falta de efectividad por parte de Fiscalía y otras instituciones y lamentó que se haya incluido la despenalización de ciertos delitos conectados a protestas.
Del mismo modo, la senadora Paloma Valencia Laserna, subrayó las ventajas de castigar ciertos delitos, como esos cometidos en el marco de protestas o el caso de la inasistencia alimentaria. A juicio de la senadora, el problema de las prisiones no es el encarcelamiento en sí, sino la gestión de las instituciones penales, debilitadas por la corrupción.
Después de que varios profesionales jurídicos y judiciales tuvieran la oportunidad de compartir sus puntos de vista y experiencias personales, Carlos Augusto Chacón tomó la palabra para ofrecer un breve resumen y una perspectiva futura en cuanto a los retos mencionados durante la Mesa de Expertos. Pidió que se incluyera a los operadores judiciales y operadores de cárceles en los futuros debates y también que se desideologizara la discusión sobre el tema.
Al concluir el evento, Stefan Reith felicitó a la convocatoria y agradeció que los debates trascendieran al populismo punitivo como el expuesto por el presidente salvadoreño Bukele actualmente.
