KAS COLOMBIA
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El evento dio inicio con las palabras de Carlos Augusto Chacón, director del ICP, en donde señaló la importancia de analizar el proyecto de ley de Paz Total (Nº 160 de 2022 Cámara) desde el Observatorio Legislativo para poder emitir una serie de recomendaciones que aporten al mejoramiento de este proyecto que involucra transformar la institucionalidad para garantizar unos nuevos diálogos de paz y su efectiva implementación. Seguidamente, Andrea Valdelamar, coordinadora de proyectos de la KAS recalcó la importancia de analizar los elementos y el alcance de las propuestas consagradas en el proyecto de Ley Paz Total, pues su efecto en la seguridad y defensa de la nación suponen nuevos retos para la democracia en Colombia.
Para iniciar el debate se preguntó sobre los elementos y el alcance del concepto de seguridad humana que busca desarrollar el Gobierno nacional a través del proyecto de Ley de la Paz Total, tanto para la provisión de seguridad, la aplicación de la ley, la soberanía y la defensa nacional, y la construcción de paz; los indicadores de éxito trazados por el Gobierno nacional para alcanzar un estado de Paz Total; las garantías de seguridad frente a los elementos y lineamientos de la Paz Total y la efectiva protección de la población civil en el marco de los ceses al fuego multilaterales y por último el rol de la Fuerza Pública frente a los grupos o estructuras que decidan no negociar, ni someterse a la justicia en el marco de la Paz Total.
El Senador de la Alianza Verde, Ariel Avila presentó un balance sobre el proyecto de Ley como uno de los principales ponentes del proyecto en el Congreso de la República, en donde señaló que el concepto de Paz Total que busca el Gobierno Nacional se entiende desde el ámbito territorial, en donde la operación de diversas estructuras delincuenciales necesita una aproximación desde el Estado que modifique estructuras institucionales como la ley 428 de 2020 (Ley de Orden Público) para poder garantizar el proceso de paz con el ELN y los procesos de sometimiento a la justicia por parte de las organizaciones criminales que operan en esos mismos territorios. El Senador recalcó que la agenda a desarrollar con este proyecto de Ley engloba un contexto sociopolítico y por lo tanto se deben crear distinciones específicas para el abordaje de las negociaciones con las diversas estructuras criminales.
Ávila puntualizó que el objetivo final de lo que se considera como la “Paz Total” es lograr en primera instancia el ideal weberiano del monopolio legítimo de las armas por parte del Estado y llevar la institucionalidad a esas zonas del país que por los diversos elementos geográficos, sociales y políticos no se ha podido establecer el Estado colombiano, seguido de garantizar la seguridad humana dentro de estos territorios con todos los factores que esto implica. El senador señaló que aunque la propuesta abarca elementos de mayor complejidad, pretende acercar la estabilidad y seguridad que proporciona un proceso de paz de manera progresiva, teniendo como referencia el éxito del proceso de paz con las FARC.
Por su parte Jose Obdulio Espejo, Coronel retirado del Ejército Nacional, indicó su preocupación por el rol de la fuerza pública dentro del proyecto de Paz Total planteado por la bancada del presidente Petro, pues según su experiencia como comandante, la fuerza pública se debilitó durante el proceso de Paz realizado por el gobierno de Juan Manuel Santos y permitió que se fortalecieran estructuras criminales amparadas por el DIH y los ceses al fuego pactados por las comisiones negociadoras. Asimismo, explicó que la ejecución de los mecanismos institucionales existentes sería un insumo que no se debería pasar por alto dentro de las reformas que plantea el nuevo gobierno.
Posteriormente, Alberto José Mejía, ex comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, recalcó que las fuerzas militares no se debilitaron, si no que al contrario en su ejercicio militar acompañaron las decisiones del gobierno nacional en pro de la búsqueda de la paz, y exhortó a la sociedad civil a apoyar el proceso de paz para evitar la fragmentación que se ocasionó en la población respecto a la firma del acuerdo de paz.
Eduardo Herrera, Mayor General retirado del Ejército y negociador de los diálogos de paz con el ELN, indicó que la negociación con el ELN presenta una estructura multicriminal que sí necesita una arquitectura jurídica que permita negociar con organizaciones que no tienen jerarquía, ni mandos identificados con claridad y que los retos que supone este entendimiento para las instituciones y la misión constitucional de las fuerzas militares deberá encaminarse hacia un nuevo paradigma social que se configuró luego de la firma de paz con las FARC.
El Senador Ariel Avila nuevamente tomó la palabra señalando que no se pretende desconocer los mecanismos existentes, ni reformar todo el aparato institucional, si no que se pretende garantizar la base jurídica y administrativa para combatir las causas estructurales de la violencia en Colombia, por lo que se deberá avanzar en la reforma agraria, la sustitución de economías ilegales y la inclusión política de los desmovilizados.
Finalmente Cesar Restrepo, líder de estudios de Seguridad Urbana en Probogotá invitó a revisar las capacidades reales del Estado colombiano para la implementación de este proyecto de ley, pues supone una ampliación de los servicios estatales, la cantidad de uniformados y la capacidad de movilización de recursos para esta nueva apuesta; y esto supone un desafío político puesto que se tendría que cambiar el discurso de la administración Petro frente al papel de las fuerzas militares en el país.
