El pasado jueves 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo una nueva Mesa de Expertos sobre el proyecto de Ley Nº 141 de 2022 radicado en el Senado de la república, estos espacios hacen parte del Observatorio Legislativo, una iniciativa desarrollada en conjunto entre el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Fundación Konrad Adenauer en Colombia (KAS).
El evento dió inicio con las palabras de Carlos Augusto Chacón, director del ICP, en donde señaló la importancia de analizar el proyecto de ley Nº 141 de 2022 desde el Observatorio Legislativo para poder emitir una serie de recomendaciones que aporten al mejoramiento de este proyecto que involucra transformar sustancialmente los procesos electorales en Colombia. Seguidamente, Stefan Reith, representante de la KAS Colombia recalcó la importancia de analizar los elementos y el alcance de las propuestas consagradas en este proyecto, pues sus efectos en la transparencia de los comicios y la efectividad de los mismos suponen retos para la democracia en Colombia.
Para iniciar el debate se preguntó sobre los elementos y el alcance del proyecto, debido a que dentro de los puntos más controversiales se encuentra: el aumento de facultades al CNE respecto a la la ampliación y suspensión de la jornada electoral cuando situaciones de grave alteración de orden público o fuerza mayor lo ameriten; la obligación para el ciudadano de mantener el domicilio electoral registrado en el censo electoral, obligando a los ciudadanos a actualizar permanentemente su residencia y otros datos personales; el acta de escrutinio en donde fueron obtenidos los resultados que debe ser considerada como requisito para la realización de pre conteos; la contratación mediante licitación pública para contratación de sistemas, bienes y servicios; el carácter reservado de los datos de la registraduría bajo la figura de defensa y seguridad nacional; el software electoral bajo el control estatal; la implementación electrónica del voto; el nombramiento por concurso de mérito a registradores de orden territorial; la inclusión de organizaciones de la sociedad civil como parte del control y vigilancia del proceso electoral; entre otros.
Frente a estos temas, los representantes de la bancada de oposición al gobierno señalaron que genera preocupación el planteamiento de la reforma electoral en medio de una crisis de legitimidad en el sistema electoral colombiano producto de las elecciones legislativas de marzo, en dónde apareció una diferencia significativa entre la transmisión y el escrutinio de los votos en la jornada electoral que afectó de manera exponencial la asignación de curules en senado y cámara, además, indicaron que desde la bancada se cuestionó en los debates de la reforma tributaria el aumento estrepitoso en la asignación de recursos para la registraduría nacional para la construcción de nuevos edificios, pues supone el aumento de burocracia en una entidad que no realiza directamente los procesos electorales, sino que terceriza sus funciones por medio de contratación.
No obstante los representantes de la registraduría nacional señalaron que esta reforma electoral se presentó desde el gobierno de Iván Duque pero no contó con el apoyo necesario para tramitarse, además, enfatizaron que la reforma no corresponde a una agenda política en un cambio de gobierno, sino que surge como una necesidad por la desactualización del código electoral que rige desde 1986, en consecuencia, los expertos exhortaron a eliminar los sesgos políticos que representa esta reforma para poder construir un código electoral acorde a las necesidades actuales y futuras en materia electoral de los colombianos.
Por su parte, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral indicaron que si bien es cierto que esta reforma plantea la ampliación de facultades para el CNE, estas se perciben como necesarias para garantizar la independencia y objetividad de las elecciones en Colombia, pues el CNE no cuenta con autonomía administrativa y depende de la Registraduría Nacional para la asignación de recursos, hecho problemático debido a la naturaleza política del nombramiento del registrador nacional. Además señalaron la necesidad de separar aún más las funciones de ambas entidades en favor de una mayor eficiencia en la vigilancia de las contiendas electorales.
Los expertos también cuestionaron la formulación del voto electrónico para las elecciones, ya que este no se especifica en su forma de implementación y deja dudas sobre el control de los datos y la vulnerabilidad de los sistemas informáticos frente a los ataques cibernéticos, además de considerarse inoperante en un país que no cuenta con una cobertura absoluta de acceso a internet ni infraestructura en telecomunicaciones para su implementación, no obstante, se invitó a revisar esta iniciativa a mayor detalle para no desconocer las nuevas dinámicas que supone la era digital en Colombia y el mundo.
Finalmente, los expertos determinaron que esta reforma política deberá realizarse con la mayor rigurosidad posible mediante diálogos que permitan consensos políticos, pues se concibe como necesaria para delimitar las competencias de la organización electoral y así evitar la repetición de lo ocurrido en las pasadas elecciones legislativas y de esta manera recuperar la legitimidad y confianza en los procesos electorales para fortalecer la democracia en Colombia.
