KAS COLOMBIA
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En el lanzamiento estuvieron presentes los autores del documento, congresistas de diferentes partidos, integrantes de la Fuerza Pública, agregados militares y miembros de los servicios diplomáticos de Panamá, Hungría, Turquía, Ecuador y Panamá.
Gabriel Echavarría Obregón, presidente del Consejo Directivo del ICP dio las palabras de apertura manifestando que uno de los principales intereses de este instituto es que los colombianos tomen conciencia de que el contexto geopolítico mundial tiene un alto impacto en Colombia sobre la seguridad, la defensa y la economía del país.
Posteriormente Stefan Reith, director de la KAS Colombia expresó su agradecimiento por el trabajo en equipo entre los distintos autores para la realización de este documento. Evidenció, además, que este es un tema pertinente para Colombia frente a las cuestiones de la seguridad y la defensa de cara a la política de “paz total”, sin dar la espalda al panorama regional y global.
Luego Carlos Augusto Chacón, director del ICP, destacó el trabajo colaborativo entre este tanque de pensamiento y la KAS para desarrollar iniciativas que defiendan el Estado de derecho y las libertades civiles. El primer panel sobre el enfoque integral de seguridad y defensa nacional fue dirigido por Andrea Valdelamar, Coordinadora de Proyectos de la KAS. Se hizo énfasis en los cambios que han sufrido las estrategias de seguridad y defensa tras las crisis provocadas por la pandemia, la guerra en Ucrania y el fortalecimiento de las redes criminales en Colombia.
Carlos Augusto Chacón fue el primero en introducir su ensayo sobre las vulnerabilidades democráticas en Latinoamérica y cómo estas están supeditadas a los intereses geopolíticos de las potencias de cara a situaciones como las guerras de cuarta generación. También destacó que la una de las principales prioridades es tener a la población como eje fundamental en la política de protección y de legitimación del Estado.
César Restrepo, director de Seguridad Urbana de Probogotá recordó que estos temas llevan décadas desarrollándose gracias a la labor adelantada por la Fuerza Pública. Hoy en día las cifras de asesinatos y de crímenes recurrentes como el secuestro se han reducido drásticamente. Dichos resultados evidencian que Colombia tiene una Fuerza Pública profesional.
Restrepo recalcó que es perentorio plantear una política de seguridad desde un aspecto técnico que responda a las necesidades de autonomía energética, de la creación de una cultura de la defensa, del cuidado del carácter apolítico de las Fuerza Militares, del trabajar por el bienestar de sus miembros y, sobre todo, porque la ciudadanía tenga buenas relaciones con estas.
Lina María Gonzáles, directora de Seguridad y Defensa del DNP compartió las hojas de ruta técnicas y de financiación para la política pública en estos rubros. Hizo énfasis en que, sin importar las herramientas de ejecución, se deben tener en cuenta los presupuestos para cumplir con los objetivos. En la misma tónica, se hizo énfasis en que este tipo de inversiones no se limitan exclusivamente a la compra de equipos. También deben tenerse en cuenta factores como el personal operativo, la doctrina, la formación, la infraestructura y la evaluación de resultados.
El segundo panel sobre la complejidad de retos en materia de seguridad ciudadana, este fue moderado por María Fernanda Gallego, Coordinadora de Proyectos del ICP. Se destacó que las multiplicidades de fenómenos criminales imponen desafíos permanentes para las administraciones locales y para la Fuerza Pública.
Alberto Sánchez Galeano, asesor estratégico de la Dirección Técnica de Seguridad de Transmilenio expuso que su ensayo plantea que la seguridad ciudadana es un tema muy subestimado, pues está marcada por un desequilibrio en las relaciones de poder entre los actores civiles, las fuerzas militares y el desconocimiento de esta noción como un servicio público.
Análogamente hay cuestiones por resolver como los delitos de alto impacto y su incorporación con otras modalidades criminales. Igualmente, debe ponerse sobre la mesa la problemática que se vive en municipios en donde la seguridad ciudadana convive con elementos violentos generados por el conflicto armado. De la misma manera se evidencian factores de inestabilidad urbana como la interrupción del servicio de transporte, de educación y de las demás actividades económicas.
El consultor Manfred Grautoff subrayó que el fenómeno criminal en Colombia es sofisticado y el conocimiento de la institucionalidad sobre este es precario. Además, las actividades criminales no se limitan exclusivamente a los territorios, estas se desarrollan en los grandes centros urbanos que, por lo general, son los lugares donde las empresas del delito llevan a cabo sus actividades financieras; las cuales son desconocidas por los organismos de inteligencia. A nivel de finanzas la afectación de las actividades ilegales es aproximadamente del 2%. Por ende, la cooperación entre los organismos del Estado es esencial para combatir los focos del crimen organizado.
Catalina Miranda, asesora del DNP para temas de seguridad y defensa cerró este panel destacando que hay que mejorar las capacidades territoriales de planeación en seguridad y defensa para su sostenibilidad, financiación y evaluación. Un segundo punto aborda la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, también se debe hacer énfasis en la aplicación del Código de Seguridad y Convivencia. Por lo tanto, es fundamental alienar las herramientas nacionales y territoriales para adoptar la política de seguridad humana. Además, se debe resolver con carácter de urgencia la situación de hacinamiento de personas privadas de la libertad en instalaciones policiales, los retiros masivos, la baja moral en las fuerzas y la eliminación del servicio militar obligatorio.
