Un espacio cuyo propósito fue reflexionar sobre las perspectivas, retos y experiencias de las mujeres en la construcción de paz en los territorios históricamente excluidos, así como visibilizar las múltiples desigualdades que persisten en materia de participación política, acceso a oportunidades y seguridad.
La apertura estuvo a cargo de Andrea Valdelamar, coordinadora de proyectos de la KAS, quien destacó el compromiso de la fundación y el de la Red ATHENA con el fortalecimiento de la democracia y el análisis de la seguridad mediante la perspectiva de género. Posteriormente, Angelika Rettberg, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, junto con Luisa Salazar, estudiante de doctorado de la misma universidad, presentaron los principales hallazgos de la investigación “Seguridad desde las periferias”.
Entre los hallazgos más relevantes, las investigadoras subrayaron que la producción académica sobre género y conflicto armado en Colombia sigue concentrada en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, lo que ha implicado que las voces de las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas continúen siendo marginadas en el debate público y académico. Adicionalmente, señalaron que la competencia entre organizaciones de mujeres por recursos económicos y apoyos institucionales ha deteriorado la acción colectiva, generando tensiones internas que afectan la cohesión de sus agendas territoriales.
A lo largo de la presentación se expuso que las lideresas comunitarias enfrentan una triple carga que comprende su trabajo doméstico, la actividad productiva y el liderazgo social, situación que se traduce en una triple inseguridad que compromete su bienestar y su permanencia en los procesos comunitarios. Este panorama se agrava con las violencias basadas en género, los estereotipos sobre su capacidad de liderazgo y el racismo estructural que enfrentan especialmente las mujeres afrodescendientes e indígenas. La investigación también documentó que, a pesar de las amenazas y el abandono estatal, las mujeres han construido estrategias de protección y redes de solidaridad que constituyen un capital relacional feminista, indispensable para la sostenibilidad de sus procesos organizativos y la reconstrucción del tejido social.
Durante la mesa de discusión, distintas instituciones y organizaciones compartieron sus experiencias y diagnósticos territoriales. Desde la Fundación Ideas para la Paz se relató cómo en regiones como Catatumbo las organizaciones de mujeres han sido cooptadas por actores comunitarios masculinos que instrumentalizan sus demandas, mientras que desde el Laboratorio de Asuntos Públicos de la Universidad del Externado se hizo énfasis en las diferencias entre las trayectorias de reconciliación de los colectivos de víctimas, que suelen depender de redes de apoyo comunitarias, y los excombatientes, quienes cuentan con acompañamiento institucional más estructurado.
La Fundación COMPAZ destacó la relevancia de reconocer los liderazgos femeninos en los municipios PDET, señalando que el Estado debe ir más allá del asistencialismo y propiciar un acompañamiento integral que fortalezca las capacidades locales.
Por su parte, representantes del Ministerio de Igualdad y de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional resaltaron el valor de las prácticas comunitarias de las mujeres en la construcción de paz y justicia transicional, enfatizando la necesidad de que las instituciones públicas comprendan las demandas de seguridad desde la cotidianidad de los territorios. Las Fuerzas Militares reconocieron que, aunque desde 2010 existe una política sectorial de género, persisten limitaciones estructurales derivadas de una doctrina históricamente centrada en lo masculino, lo que dificulta la atención de las necesidades diferenciadas de las mujeres que integran la fuerza pública y de las comunidades que acompañan.
En conjunto, el conversatorio permitió concluir que la marginalización de las voces de las mujeres en las regiones periféricas no solo es una consecuencia de la desigualdad de género, sino que a la vez refuerza un ciclo de exclusión que compromete la sostenibilidad de los esfuerzos de paz. La implementación efectiva de la Resolución 1325 de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad requiere reconocer las múltiples agendas, identidades y perspectivas que coexisten en los territorios, así como promover la participación política, el acceso equitativo a los recursos y la consolidación de alianzas estratégicas que potencien el capital colectivo de los liderazgos femeninos.
