Los Estados latinoamericanos con sus raíces indígenas y orígenes coloniales tienen niveles de pluralidad social y cultural evidentes. Esta pluralidad debe verse ante todo como una oportunidad y riqueza propia del continente. En este contexto, la coordinación entre sistemas jurídicos es no solo un principio de necesario reconocimiento para la consolidación de la democracia, sino una relación que debe seguirse fortaleciendo para materializar diálogos pacíficos e interculturales.

Cada vez más los órdenes constitucionales de la región avanzan en la incorporación de interpretaciones abiertas a la existencia de sistemas jurídicos distintos a los que produce el Estado. Sin embargo, paralelo a esto, también las prácticas de administración de justicia oficial deberían reflejar este dinamismo, porque, además de verse complementadas, ante su incapacidad de responder de manera efectiva y eficaz a todas las demandas de un territorio nacional, podrían ser enriquecidas mediante un intercambio de ideas provenientes de diferentes cosmovisiones. Esto permitirá un desarrollo progresivo de los diferentes sistemas jurídicos mediante una dialéctica intercultural.