KAS Colombia

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El evento formó parte del proyecto “Edificando Consenso para la Migración” que se desarrolla durante el año 2019. La apertura de la mesa estuvo a cargo de Ronal Rodríguez que empezó mencionando cifras que dan cuenta de la agudización de la crisis migratoria venezolana, sobre todo en Colombia. Sumado a esto, Rodríguez explicó que además de una fuerte migración fronteriza, hay manifestaciones también de un fuerte proceso de desplazamiento dentro de Venezuela hacia el arco minero, hacia Caracas y hacia las zonas de frontera. Finalmente, surgió el tema central de la mesa: ¿qué hacer con la población migrante? ¿hay que garantizarles ciertos derechos o los mismo que a la población colombiana?

A continuación, bajo la pregunta ¿cómo y bajo qué criterios la ley migratoria debe incluir el acceso a la salud, educación e inserción laboral de la población migrante en Colombia?, se dio apertura a la discusión de la mesa.

La conversación empezó haciendo énfasis en que la salud es un derecho autónomo, y contempla muchos más elementos que operadores como las EPS, infraestructura hospitalaria y personal médico. La salud, bajo una visión de salud preventiva, contempla también buenos hábitos alimenticios, condiciones de vida sanas y toda una serie de recomendaciones que implican ajustar la forma en la que las personas viven, para evitar caer en condiciones complicadas de salud. Así que, de reconocérsele este derecho a la población migrante, debe ser bajo estas condiciones expuestas.

Seguido a esto, se mencionó que al ser una ley migratoria esta debe contemplar no solo al inmigrante, sino también a los colombianos en el exterior. Y esta garantía del acceso a los derechos de salud y educación debe hacerse mediante la utilización de mecanismos nacionales, regionales y subnacionales, como unas mesas regionales con organizaciones expertas en el tema migrante y con las entidades territoriales (ETIS), que con cierto grado de descentralización permitan un mayor margen de maniobra a las ETIS para garantizar el acceso a estos derechos. Esto se hace necesario, pues para las ETIS, como lo muestra el caso de Soacha, atender esta población vulnerable se convierte en un reto mayúsculo al tener que satisfacer las necesidades de una población extra con el mismo presupuesto, las mismas instituciones y los mismos proyectos.

Finalmente, la mesa resaltó que, de no atender la población migrante más joven y la población femenina, se puede estar creando una situación de salud pública grave en Colombia, que afectaría la trayectoria demográfica que ha alcanzado el país. A su vez, se mencionó que es importante evaluar cómo garantizar estos derechos a la población migrante sin afectar a los colombianos y que es necesario caracterizar vía PET a la población migrante para así tener una mejor información para actuar en la consecución de estos derechos.