El documento es un instrumento de análisis político, elaborado en base a los datos de la coyuntura de 18 países de la región, que permite medir los avances o retrocesos de los países latinoamericanos en su desarrollo democrático. La medición se realiza tomando estadísticas oficiales y privadas, poniéndolas en relación con los datos del conjunto de países evaluados.

Para la elaboración del mismo, se consideró oportuno medir el desempeño de las democracias latinoamericanas, con base a parámetros propios y refiriéndose a sus particularidades históricas, culturales, sociales y económicas, para ayudar a aclarar la situación tanto del interior de cada sociedad democrática, como hacia quienes interactúan desde el plano internacional con cada uno de los países. En este informe se incluye un capítulo acerca de la importancia de la Justicia para el logro de un buen desarrollo democrático. La morosidad en los resultados, la corrupción, el clima de violencia e inseguridad y en algunos casos la ausencia de justicia son algunos factores que impiden un buen desarrollo democrático.

Los hechos que sobresalen en este informe son; la ascendente curva de resultados del ejercicio del poder democrático en la región, -desarrollo humano, social y económico- que tiene que ver más con la onda expansiva de la economía mundial y el precio de los commodities que con la eficacia de las políticas nacionales; los tres países que se distinguen en el periodo de medición (2002-2010) por la excelente puntuación obtenida en todas las dimensiones son: Chile, Uruguay y Costa Rica; los países de mayor peso económico y poblacional presentan un comportamiento muy disparejo que termina ubicándolos en posiciones intermedias: Brasil, México, Argentina, o en las más bajas, como son los casos de Colombia y Venezuela.

El documento afirma a su vez, que los avances obtenidos en diferentes dimensiones no logran ocultar una realidad que marca la región. Los niveles de pobreza en la región continúan siendo elevados y afectan en mayor medida a los sectores más vulnerables: las mujeres, los ancianos y los niños. Es decir que, pese a los avances en materia de libertades, derechos e instituciones, el funcionamiento de la democracia ha traído a la región una mejora para los sectores más necesitados, aunque todavía está lejos de satisfacer las necesidades y esperanzas. Se considera que los resultados favorables del último sexenio no alteran el hecho de que la desigualdad en América Latina continúa siendo una de las más altas del mundo; esto se observa en el ámbito de las percepciones de la población, que en su gran mayoría considera que la distribución del ingreso es injusta.

En América Latina, las percepciones de injusticia distributiva se asocian principalmente con las opiniones ciudadanas de inexistencia de garantías económicas y sociales básicas, lo cual pone en evidencia la necesidad de acciones de los estados para cerrar las brechas sociales y avanzar en la cohesión social. Sin embargo, la percepción de una alta inequidad distributiva también se relaciona con la desconfianza en las instituciones políticas y con la creencia de que los gobiernos sirven más a las élites que a las mayorías, lo cual indica que la población percibe a la desigualdad como un problema de poder que va más allá de la concentración económica y puede llegar a obstaculizar a las iniciativas para promover la cohesión social y consolidar el desarrollo democrático.

Respecto a Colombia, en el informe se evidencia que se ha logrado revertir la tendencia negativa por la que se incluía desde la medición del 2008. Sigue sin alcanzar el promedio regional, e integra el grupo de países con bajo desarrollo democrático. Este retroceso es producto, fundamentalmente, de variaciones negativas en la dimensión de Derechos Políticos y Libertades Civiles y en la Subdimensión Social, que conforman los aspectos más negativos de la situación de la democracia colombiana.

En la dimensión que abarca el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, Colombia obtiene un resultado negativo, a causa de los bajos resultados en los indicadores de inseguridad y de participación de la mujer en el Gobierno. Sin embargo, ha mejorado su desempeño en calidad institucional y eficiencia política y está por encima del promedio regional. Adicionalmente, ha mejorado el valor en accountability.

Por último, el crecimiento de la economía colombiana logró eludir la crisis internacional. Sin embargo, sus efectos en el comercio y el deterioro de la confianza de los agentes económicos se sintieron en la actividad económica del país durante la primera parte del 2009, mientras que el segundo semestre la recuperación se vio parcialmente afectada por los efectos de las restricciones comerciales impuestas por la República Bolivariana de Venezuela, que se tradujeron en una marcada caída de las exportaciones a ese país. Y, en el área social el valor que obtiene sigue sin superar el promedio regional; esta situación se debe a los descensos que se produjeron en muchos de los indicadores: Mortalidad infantil, desempleo, gasto en educación y matriculación secundaria.

El informe completo está disponible en la página web: http://www.idd-lat.org/informes/2010/index.html