Luego de la promulgación de la constitución de 1991 se han realizado varias reformas que buscan la reconfiguración del sistema de partidos, la adecuación del régimen electoral, y el fortalecimiento de los órganos y mecanismos de control. El Acto legislativo 01 de 2003, intentó abordar los componentes disfuncionales del sistema político y electoral; sin embargo, al persistir algunos de los problemas existentes y con la generación de nuevas distorsiones en el sistema de representación, se hizo necesario introducir una nueva reforma , aprobada como el Acto Legislativo 01 de 2009, la cual buscaba mejorar aspecto relacionados con la disciplina partidista, la responsabilidad política de los partidos y movimientos políticos, y la financiación electoral, entre otros.

Para la reglamentación del mismo se presentaron dos proyectos de ley estatutaria, que aunque fueron unificados en un solo proyecto, este no logró ser tramitado durante la anterior legislatura, con el nuevo congreso el ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley estatutaria, que ha logrado ser aprobado en primer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes, el cual busca fortalecer la transparencia del sistema de partidos, en términos de financiación, organización, democracia interna, y responsabilidad política de los partidos.

En cuanto a la organización interna de los partidos y movimientos políticos, el proyecto de ley busca introducir principios como la transparencia, moralidad y equidad de género, a la vez que prohíbe la doble militancia y propone reglamentar unos estándares mínimos que deberán cumplir los partidos y movimientos políticos dentro de sus estatutos.

En cuanto al régimen sancionatorio la iniciativa establece que los partidos y movimientos políticos deberán responder por las violaciones o contravenciones de las normas que los rigen, estableciendo las causales de sanción.

La financiación de los partidos se regirá bajo ciertos criterios que determinan las fuentes de financiación permitidas, se establece una diferenciación entre la financiación de campañas electorales y la financiación del partido político y se regula el acceso a recursos del Estado.

El proyecto de ley aborda la perdida de investidura, enumerando las causales de la perdida en el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas, alcaldes, gobernadores y presidente de la república.

Finalmente uno de los temas más importantes del proyecto de ley, es la asignación de mayores funciones al Consejo Nacional Electoral.