La lucha contra la impunidad es el reto más grande que enfrenta México para lograr un verdadero sistema de justicia y su combate implica la correcta clasificación del delito.

“La naturaleza del crimen es importantísima a la hora de conducir una investigación y una persecución del delito adecuada”, Ina Zoon, Open Society Justice Initiative.Durante el Foro Internacional: Combate a la impunidad por violaciones graves a derechos humanos, expertos de América Latina compartieron experiencias positivas sobre la investigación, procesamiento y sanción de responsables de delitos.

La nueva directora del Programa Estado de Derecho, de la Fundación Konrad Adenauer, habló sobre su visita a México en el marco de la XII Cumbre de Presidentes y Magistrados de Tribunales Constitucionales de América.

Destacó el realismo sobre crímenes atroces que proyectan los murales del artista Rafael Cauduro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.“Me permitió suponer que la justicia mexicana no cierra los ojos ante las violaciones de derechos humanos y que puede estar dispuesta a la crítica, a enfrentarse con su pasado, a ocuparse de los crímenes atroces, lucha contra su comisión y por perseguir a sus autores, incluso si forman parte del Estado”, Marie-Christine Fuchs, Dira. Programa Estado de Derecho Konrad Adenauer.

Y es que el cuello de botella para que los casos lleguen al Poder Judicial, señaló en entrevista el Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, son las procuradurías y fiscalías.

“Les cuesta mucho trabajo a las procuradurías y ministerios públicos de la PGR abrir investigaciones en contra de militares por haber cometido delitos y particularmente por los entendimientos y convenios de colaboración que existen entre dos instituciones del Estado que son la PGR y la SEDENA y es muy difícil que las investigaciones avancen adecuadamente”, José Antonio Guevara, Presidente CMDPDH.

Los participantes pusieron a debate si es necesaria la intervención de organismos internacionales, en especial de la Corte Penal Internacional, para lograr que actos ilegales cometidos por servidores públicos como parte de una política de Estado, lleguen a una sentencia.