La sesión comenzó con las palabras de Andrea Valdelamar, coordinadora de proyectos de la KAS, quien subrayó la importancia de paneles de discusión como estos, destacando que son una respuesta oportuna a la coyuntura política. Luego, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, resaltó la importancia de discusiones técnicas para eventuales recomendaciones de política pública.
La provocación inicial estuvo a cargo de la Dra. Luz Estella Murgas, presidente de Naturgas, haciendo una aproximación general en un panorama caracterizado por la incertidumbre. Murgas precisó que el debate sobre el modelo económico colombiano concluía que era necesaria la exploración y la explotación de los recursos naturales para garantizar la autosuficiencia y soberanía energética del país. El aprovechamiento y explotación de fuentes convencionales de energía cobra relevancia ante la alarmante reducción de los niveles de reservas nacionales de gas, donde la falta de un suministro de energía constante y de calidad ha empezado a afectar directamente al consumidor final.
A partir de un análisis transversal en el tiempo, Murgas determinó que el Estado colombiano no ha trabajado de manera articulada para mantener las reservas energéticas y garantizar el suministro constante y de calidad. Además, fue enfática en que la precariedad de la seguridad energética de cara al 2026 responde a la falta de una política estatal de seguridad energética. Si bien hace 10 años Colombia contaba con los estándares técnicos, ambientales y la regulación necesaria para la extracción de gas por medio del fracking, en 2025 este ha dejado de ser el caso. Murgas, señaló con preocupación que la falta de seguridad jurídica y la reducción significativa de incentivos para la explotación por parte de los inversionistas ha debilitado la seguridad energética en el país.
Esta intervención inicial pretendía dejar como precedente que, para garantizar el suministro de energía constante, de calidad y con los precios más competitivos deben explotarse las fuentes de energía convencionales con las que cuenta el país. La drástica reducción en las reservas implica depender de los costos y las cadenas de suministro internacionales, remarcando que el sector minero - energético requiere de un ambiente donde la incertidumbre sea la mínima posible.
Posteriormente, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la ANDEG (Asociación Nacional de empresas generadoras), explicó cómo el sector minero - energético ha dilatado su toma de decisiones, además, señaló la cultura del negacionismo que ha caracterizado al gobierno de turno. Aunque resaltó la importancia de hacer un proceso de transición energética organizado, Castañeda fue enfático en señalar que la seguridad energética no podrá lograrse solamente haciendo uso de fuentes de energía no convencionales (eólica, solar, hidráulica). Para la ANDEG, Colombia solo contará con seguridad y soberanía energética una vez haya flexibilizado sus regulaciones y brindado garantías a la inversión extranjera; explotado los recursos naturales nacionales de la manera más técnica y responsable posible y adecuado sus regulaciones al marco internacional para brindar facilidades a la importación.
A continuación, se llevó a cabo un espacio de discusión moderado por Carlos Augusto Chacón, donde representantes y tomadores de decisión del sector minero - energético tuvieron la oportunidad de participar. En este, actores como Raúl Lancheros, director de asuntos sectoriales y de regulación de ACONGEL (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica) señalaron la inconveniencia de intervenir artificialmente el mercado para bajar los precios. Medidas como esta no solo reducen los incentivos a los inversionistas extranjeros, sino también tienen impacto considerable en el consumidor final.
Por otro lado, representantes del sector público como Amylkar Acosta, ex ministro de minas y energía, y Blanca Ruiz, ex subdirectora de la regulación de energía de EPM (Empresas Públicas de Medellín) resaltaron que los próximos 10 años serán claves para la recuperación y construcción de bases sólidas en el sector energético nacional. Exclamaron que, para garantizar la seguridad energética del país es necesario que esta sea planteada como un objetivo nacional estratégico que vela por la soberanía nacional, asegurando no solo la articulación institucional con criterios técnicos, sino también un ambiente propicio para la inversión extranjera.
Durante esta mesa de expertos fueron identificadas las causas y los riesgos que afronta el país ante un contexto de crisis energética; además, se evidenció un consenso general desde el sector público y privado en la urgencia en la toma de decisiones y acciones para garantizar la seguridad energética en Colombia.
