KAS COLOMBIA
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Carlos Augusto Chacón, director del (ICP) y Stefan Reith, director de la (KAS Colombia) dieron inicio a esta nueva Mesa de Expertos agradeciendo la presencia de los asistentes e introduciendo el documento técnico preparado para la reunión, el cual toca temas como los riesgos del debilitamiento de la política energética por los inminentes aumentos de los costos en la producción, así como posibles aumentos en la producción de bienes y servicios. Situaciones que afectarían la competitividad del país. El documento expone las características de los incentivos para exploración y extracción de recursos energéticos, dicho sector tiene unos ingresos de recaudo equivalentes a 105 billones de pesos. Cifra que representa casi cuatro veces lo que se busca recaudar con la propuesta de reforma tributaria. Debilitar la capacidad instalada implica una serie de consecuencias en términos de la política energética. Eventos como la guerra en Ucrania han vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que conllevan la dependencia energética. Efectos como las fluctuaciones de los mercados internacionales, los costos para los hogares, los cortes y los racionamientos de energía que ponen en riesgo el empleo. En algunos rubros de su producto interno bruto las reducciones son de hasta el 5,7%.
En campos como el sector creativo hubo crecimientos importantes que rondan por el 71, 5%, este debe seguir incentivándose. También se ven los impactos en la inversión extranjera directa, la cual fue de alrededor de 9310 millones de pesos según datos del Banco de la República, lo que equivale al 4,3% del PIB. Un tema relevante es que la tributación en cascada disminuye la rentabilidad de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, lo cual genera que el país sea menos atractivo para la inversión. En cuanto a los impuestos para las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, vale la pena centrar el debate en toda la cadena y en los impactos sobre el consumidor final. También se debe estudiar el tema de los encadenamientos improductivos. Existen al menos diez subsectores manufactureros que se encuentran relacionados con la producción y venta de alimentos. Como ejemplo se puede tomar la cifra de más 750.000 tenderos que se verían afectados por estos nuevos recaudos.
Sobre los plásticos de un solo uso se debe sacar a colación el tema de los costos en el incremento del precio de los productos que usan dichos empaques, se está hablando de un recaudo de 2,4 billones de pesos, lo que significa el 5% del recaudo total. También está la preocupación del aumento de impuestos al turismo. Una apuesta de este gobierno es dinamizar dicho sector para pasar de un modelo económico principalmente extractivo a uno cuyo foco principal sea la economía de los servicios, gravar al turismo que se ha dinamizado tras la pandemia y que necesita incentivos afectaría la generación de puestos de trabajo. Para el 2021 el crecimiento y aporte del PIB fue del 4,5 % y generó 1,5 millones de puestos de empleo.
Finalizando este contexto se abrió el espacio a los asistentes para que dieran sus perspectivas sobre este proyecto. El primero en hablar fue Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal. Resalto que las conclusiones sobre los micro negocios eran “apresuradas”. “Hay puntos positivos y negativos, sobre todo en el recargo de los dividendos que es muy heterogéneo. Probamente para los pequeños inversionistas esta reforma puede llegar ser muy beneficiosa. Otro aspecto fundamental es el impuesto de renta a las personas naturales, debido a que el recaudo sigue siendo bajo. Sin embargo, esto representa una oportunidad, ya que se pueden hacer reformas a estos tributos sin que el impacto sobre los recaudos sea muy grande. El trabajo de comunicar es perentorio, una de las contra propuestas que ha calado más en estos estos temas es bajarles los impuestos a las empresas, la pregunta es de dónde saldrán los recursos que se dejarán de percibir. El IVA se volvió, desafortunadamente, un tema tabú. Este impuesto se puede simplificar poniendo una única tarifa. Sorprendentemente una reforma tan radical sobre las personas naturales traería impactos positivos con pocas externalidades”.
El abogado Pablo Mendoza profundizó en los comentarios del Observatorio sobre la discusión de los dividendos y el impacto que tiene la reforma sobre los micro negocios. La conclusión a la que llegó fue que sí hay un impacto negativo sobre estos. “La tarifa de renta empieza a afectar a los ingresos de personas naturales desde los 41 millones de pesos; además, en materia de dividendos, no son imputables costos y gastos. El ingreso por dividendos por 41 millones es la misma renta líquida que tiene una persona por dividendos. Si se mensualiza este rubro sería de 3´025.000 de pesos aproximadamente, lo que quiere decir que con la nueva propuesta de tarifas de dividendos un negocio pequeño sí se está viendo impactado por dichos impuestos”. Tampoco se pueden olvidar a los micro negocios, por lo general estos no funcionan bajo las figuras de personas jurídicas. Hay cuestiones resaltables como el régimen simple de tributación, el cual aplica a personas naturales y personas jurídicas como los microempresarios que reporten ingresos de más de 3800 millones de pesos.
Juan Pablo Godoy manifestó que este proyecto de reforma puede llegar a generar un gran daño a la estructura productiva del país. Para él, hay dudas en los caracteres de progresividad y de equidad. “Se está atacando de manera directa a las empresas que generan riqueza para el país. En materia de impuestos a los dividendos la discusión está mal planteada, debido a que se ha manifestado que las personas naturales no tributan sí se comparan las tasas de tributación que tienen las mismas en otros países. Con las tarifas de los impuestos a los dividendos estos pueden exceder el 60%, lo que genera que la tributación en cascada aleje la inversión”. Para Godoy el impuesto de patrimonio es un tema muy “delicado” debido a que se desincentiva la inversión y el ahorro. Sí se mantiene como está estipulado en la actual propuesta puede llegar a ser incluso inconstitucional, ya que este transgrede los límites de la confiscatoriedad. Stefany Plata, la directora para asuntos corporativos de Camacol, dijo que la mayor preocupación frente a la reforma tributaria es la eliminación de exenciones tributarias a la vivienda de interés social. “Es importante resaltar que este tipo de inmuebles tienen unos topes en sus precios para la venta, si los impuestos aumentaran sería un desincentivo para la construcción y venta de esos proyectos. Al final el Gobierno Nacional no percibiría dicho recaudo. Lo que traería consecuencias directas sobre el 7% de los inmuebles que están en preventa. Se dejarían de construir un aproximado de 100.000 viviendas. También se verían seriamente afectados cerca de 480.000 empleos directos e indirectos que están relacionados con la generación de (VIS)”. El segundo tema es de los impuestos a las ganancias ocasionales, estos aumentos podrían frenar la movilidad social debido a que las familias dejarían de percibir dichos ingresos que en muchas ocasiones son usados para poder adquirir inmuebles. Santiago Ramos asesor de la representante a la Cámara Saray Robayo manifestó que “aunque la vocación de la reforma es la progresividad, esta tiene componentes regresivos que afectan a la clase media. Debido a que los ciudadanos que ganan entre 10 y 15 millones de pesos pueden considerarse de ingresos altos, no obstante, ellos pueden tener uno o más dependientes”. Juan Oviedo, profesor de la Universidad Javeriana, recalcó que antes de hacer una reforma es importante que el Gobierno Nacional manifieste en qué va a utilizar los recursos recaudados. Además, reconoció puntos como la unificación de tarifas y de tributación a los grandes capitales bajo los principios constitucionales de equidad y justicia social. Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, se refirió a los impuestos a estos empaques los cuales, al fin y al cabo, terminarían pagando los consumidores finales. Dicha situación se da porque los sustitutos de estos son muy costosos de producir. Expresó que “también es importante saber cuáles son los recursos que se destinarán a investigación y desarrollo en temas medio ambientales”. Catalina Hoyos, profesora de la Universidad del Rosario, manifestó que esta reforma es muy compleja y que debería ser replanteada prácticamente en su totalidad. “Se cree que con el aumento de tarifas se puede llegar a recaudar más, cuando el efecto puede ser totalmente el contrario. Dichas medidas afectan no solamente a las grandes empresas, sino o a las medianas y pequeñas”. Además, aludió a que los empresarios pueden tomar decisiones como dejar de invertir sus capitales en el país. Recordó también que cuando Juan Manuel Santos decidió bajar los impuestos a las ganancias ocasionales automáticamente el recaudo fue mayor. Cristina Enache, economista de la Tax Foundation, advirtió sobre las posibles consecuencias que traerían estas medidas en los grados de calificación, inversión y riesgo para el país. En su opinión, Colombia debe aplicar una reforma que expanda las bases del IVA. Juan Felipe Montes, representante de la Cámara Colombiana de la Construcción, siguió en línea frente a las preocupaciones que existen sobre el desarrollo de vivienda de interés social en cuestiones como las exenciones que tiene el sector, la empleabilidad que genera este, la importancia del crédito hipotecario y la calidad de vida de las familias colombianas. Diego Cortez, miembro de la oficina de la Representante Jennifer Pedraza, puso en la mesa el tema de la progresividad y las consecuencias de tener tantos impuestos regresivos. Discutió también los temas de la tributación transitoria mientras las empresas se formalizan y los impuestos a las exportaciones de carbón, petróleo y oro. Dicha propuesta está enmarcada dentro de la reducción de la vulnerabilidad de las tasas externas de cambios. Iván Riaño hizo referencia a la excepción de los beneficios tributarios y arancelarios para la comercialización de combustibles en las zonas de frontera. “Esta reforma tributaria pretende eliminar estas exenciones, lo que llevaría al aumento del contrabando y el encarecimiento de varios productos de la canasta familiar”. Jaime Arias, asesor jurídico del representante Carlos Edward Osorio tocó de nuevo temas como el de la construcción de vivienda, la tributación a las bebidas azucaradas y las externalidades negativas que traerían la eliminación de los beneficios de la industria cinematográfica. Leonardo Cote, asociado, Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría habló sobre sus inquietudes en cuestiones como los aumentos a las tarifas de tributación a las empresas sin incentivar a las pequeñas empresas, además habló sobre el tema del impuesto al patrimonio y los tintes confiscatorios que para él tiene esta reforma.
Juan Pablo Godoy volvió a intervenir en la mesa hablando sobre las consecuencias de tener impuestos regresivos como el IVA, “este impuesto debe ser ampliado en su base gravable”. El abogado Clemente Chávez recordó que “el Gobierno Nacional debe ser más claro sobre en cómo y en qué se van a gastar esos recaudos”. Le dijo a la mesa que no hay un Presupuesto General de la Nación aprobado aún para el próximo año. También manifestó su preocupación frente a la “anti-tecnicidad” para crear los impuestos diciendo que “¿Cómo hará el operador tributario para manejar las partidas arancelarias frente a las exenciones tributarias concebidas en la ley?” La senadora Imelda Daza hizo una reflexión sobre las consecuencias de la evasión y porqué esta debe ser penalizada, además, expresó su malestar ante situaciones lamentables que genera la informalidad, una de ellas es la tragedia que viven muchas personas al no poder obtener un préstamo por no estar formalizadas lo que ocasiona que se termine recurriendo a prestamistas callejeros “gota a gota”. Para cerrar esta Mesa de Expertos el director del (ICP) dejó claro que estos espacios buscan escuchar a todas las voces, ser pluralistas, brindar insumos para la toma de mejores decisiones y servir de puente entre la sociedad civil y los partidos políticos.
