La intervención inicial fue liderada por Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien, por medio de un análisis del último reporte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y el marco conceptual de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), realizó un diagnóstico detallado del sistema internacional de gobernanza de la transición energética.
Para el Dr. Zamora fue importante precisar que las políticas creadas para combatir el cambio climático y limitar el calentamiento global entre 1.5° C a 2.0° C (grados centígrados) plantean reducir de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, enfocando la mayoría de los esfuerzos en minimizar la producción y explotación de combustibles no renovables como el petróleo y el gas, sin atacar simultáneamente la demanda o el consumo de combustibles fósiles.
El haber enfocado la política en una reducción importante de la producción mundial de combustibles no renovables ha dejado un panorama de inseguridad energética generalizada, pues se ha determinado que la demanda creciente por este tipo de energía ha llevado a niveles preocupantes de déficit de petróleo. Además, durante la conversación resultó innegable la preocupación por la sostenibilidad de un sistema de incentivos insuficiente para llevar a cabo la transición energética de manera responsable.
El Dr. Zamora resaltó con preocupación que instituciones internacionales como el IPCC y las conferencias de las partes (COP) han planteado expectativas irreales, pues ante una demanda creciente no solamente resulta necesario establecer una serie de incentivos de mercado para involucrar a empresas en una iniciativa climática competitiva, sino también crear una red de respaldo para llevar a cabo una transición energética responsable, paulatina y segura.
Durante la provocación inicial se resaltaron las contradicciones del sistema de gobernanza energético mundial y las consecuencias de llevar a cabo una transición a combustibles renovables acelerada y sin planeación suficiente. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los distintos gremios del sector energético nacional resultó fundamental hacer alusión al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, para proceder a entender la responsabilidad de Colombia de crear políticas justas y eficaces para la transición a fuentes de energía no convencionales sin dejar de lado el interés nacional de velar por la seguridad energética.
La discusión estuvo enmarcada por la definición estándar de la seguridad energética, la cual se entiende como el suministro estable y continuo de energía, de calidad y con un precio razonable. Por consiguiente, los participantes señalaron con preocupación cómo las políticas del gobierno actual han puesto gravemente en riesgo la seguridad y soberanía energética del país. La decisión de frenar por completo labores de exploración y explotación de fuentes de energía convencionales no solamente afectará directamente al consumidor y a los procesos económicos nacionales, sino también generará un ambiente de incertidumbre e inseguridad jurídica en la inversión privada.
Ante la magnitud del reto, los sistemas de gobernanza internacionales han expresado de manera clara la necesidad de la inversión privada y la cooperación por parte de gremios energéticos. Si bien la academia y los sectores empresariales entienden la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y cuentan con un profundo compromiso con la seguridad energética y las garantías necesarias de la justicia social, también expresaron que atacar de manera radical a los responsables de la producción energética resultaría en un error costoso.
Durante el debate fueron enfáticos en la necesidad de crear incentivos que respondan a las lógicas de mercado, subrayando que la reducción de la huella de carbono no solo es resultado de la limitación de la producción, sino también puede abordarse por medio de la innovación para volver este proceso mucho más eficiente.
Para finalizar, los expertos en esta área propusieron tres acciones urgentes que deberán ser implementadas para garantizar la seguridad y soberanía energética del país. Primero, hacerle frente a un desafío comunicacional para establecer en el imaginario de la población civil la necesidad del fracking como única vía para garantizar la seguridad energética del país. Además, resulta fundamental garantizar la seguridad fiscal y estabilidad jurídica para la inversión, creando así un escenario atractivo para los empresarios y las industrias energéticas internacionales; por último, establecer una oferta institucional conjunta para sustentar una política de Estado energética sostenible y justa.
