La marcha del pasado 13 de noviembre en México contra la reforma electoral impulsada por el presidente y que propone derogaciones importantes al INE (Instituto Nacional Electoral) y a otros órganos de representación en México evidenció una vez más la clara polarización en el país. Mientras la oposición y el régimen continúan una disputa por legitimar la cantidad y calidad de las y los ciudadanos que son capaces de convocar, el reloj político sigue su curso y todo marca que la verdadera batalla no estará ahí, sino en la apuesta política del ejecutivo: la renovación de las y los Consejeros Electorales del INE en 2023 y en la discusión de los puntos menos costosos de la reforma que podrían aprobarse desde el legislativo.