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Proyecto de Ley de Inversión Social: ¿Llegó la hora de la austeridad?

El día 22 de julio se desarrolló la mesa de expertos “Proyecto de Ley de Inversión Social: ¿Llegó la hora de la austeridad?” en el marco del Observatorio Legislativo: diálogos sobre lo fundamental, iniciativa fruto de la cooperación entre La Fundación Konrad Adenauer (KAS) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).

El día 20 de julio el Gobierno Nacional radicó el Proyecto de Ley de Inversión Social. La iniciativa fue presentada ante el Congreso como una iniciativa que beneficiará a 7,8 millones de hogares y que comprende cuatro módulos principales en su postulación: la inversión social para la reactivación económica, la austeridad en el gasto público, la formalización tributaria y la carga tributaria. Cabe agregar que la propuesta de la nueva reforma tributaria estuvo antecedida por un más de un año de pandemia y multitud de vicisitudes económicas y sociales que repercutieron directamente en su estructuración.

Partiendo de dicho contexto, la KAS y el ICP convocaron una mesa de expertos para dialogar acerca de la nueva propuesta de reforma tributaria titulada Proyecto de Ley de Inversión Social. El objetivo principal de dicho diálogo fue dar a conocer los elementos principales del Proyecto de Ley, exponer los problemas principales del país en términos de gasto público y realizar una conversación y análisis acerca de la efectividad de las propuestas de austeridad en el gasto en el funcionamiento del Estado, expuestas en el proyecto de ley, además de evaluar el impacto de dichas medidas en el tiempo futuro.

Para dar inicio al evento, Carlos Augusto Chacón, director académico del ICP, presentó a grandes rasgos elementos importantes para entender el contexto actual del gasto público colombiano, sobre ello señaló, que según, la OCDE Colombia es uno de los miembros en los que menor efecto tiene el gasto público en la reducción de la pobreza y la reducción de las brechas sociales. A lo que se suma, la encuesta del Fondo Económico Mundial en la que se menciona que Colombia es de los peores países en el mundo en la eficiencia del gasto público ocupando el puesto 129. Así mismo, Stefan Reith, representante de la KAS Colombia, señaló que la conversación sobre el Proyecto de Ley de Inversión Social es de gran relevancia en el contexto actual colombiano permeado de tensiones, porque permite pasar de la protesta a escenarios de propuesta de soluciones que permitan subsanar los daños económicos de la pandemia y fortalecer la reactivación económica.

En este orden, la intervención principal se llevó a cabo por el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo y posteriormente se abrió el diálogo con la participación de miembros del Congreso de la República, directores de asociaciones gremiales y miembros de las UTL de Senado y Cámara.

La parte inicial del diálogo se concentró en la exposición de los elementos más importantes del Proyecto de Ley de Inversión Social. Se resaltó que el contexto previo a la creación de la iniciativa estuvo marcado por los efectos de la crisis sanitaria en la economía, lo que llevó al aumento de la deuda pública y el déficit fiscal luego de ser necesaria la implementación de medidas económicas contra cíclicas que respondieran y contuvieran las consecuencias que dejaba la pandemia en materia de empleo, pobreza, destrucción productiva, desigualdad y financiamiento de la salud pública.

Posteriormente, se dio paso a la exposición realizada por los panelistas sobre la nueva reforma tributaria, la cual se presentó como una respuesta en tres frentes: (a) la atención a la sostenibilidad fiscal; (b) la atención a la sostenibilidad social; y (c) el fortalecimiento del crecimiento y la reactivación económica.

A dicha triada de desafíos se responde, en primer lugar, con la atención a la sostenibilidad social partiendo de propuestas de inversión desde lo social que recojan a los más vulnerables y aún afectados por la pandemia, quienes necesitan una renta básica para atender necesidades de alimentación, pago de servicios públicos, entre otros. Esto se realiza con la extensión en tiempo y alcance del Programa de Ingreso Solidario. En segundo lugar, se busca responder a las demandas de quienes reclaman el empleo con subsidios que promuevan la vinculación de jóvenes al mundo laboral, permitiéndoles adquirir experiencia y con el apoyo a otros sectores, como las mujeres y hombres mayores de 40 años o personas en condición de discapacidad, que perdieron su empleo a causa de la pandemia mediante el Programa de Matrícula Cero para permitir a más de 700 mil jóvenes de familias vulnerables acceder a la educación superior e impulsando un subsidio a la nómina focalizado para proteger cerca de 400 mil empleos.

No obstante, se mencionó que la sostenibilidad social no se mantendrá sin la sostenibilidad fiscal, por lo que el financiamiento de estas iniciativas sociales parte desde una estrategia de normalización tributaria, a la que se suman otras fuentes de financiación. Se contempla entonces, la lucha contra la evasión fiscal, que como expresión de corrupción ha dificultado el recaudo público pero que hoy se empezará a combatir con nuevos instrumentos como la facturación compulsiva, las nuevas atribuciones de la DIAN o la venta de bienes e inmuebles sea por el valor de mercado. También se señaló que en busca de la reducción del gasto público, se ha llegado junto con el sector productivo a un consenso de no aplicar parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento de 2019, como el descuento del ICA, detener el avance de la disminución prevista al impuesto de renta e incluir una sobre tasa al sector financiero.

Además de lo anterior, en materia de austeridad del gasto público, la nueva reforma tributaria propone un modelo de austeridad gradual que logre un ahorro anual de 1,9 billones. Para ello se contempla la limitación del crecimiento burocrático para que la masa burocrática no exceda el crecimiento de la inflación; restricciones en los cambios de planta de personal; adquisición de bienes y servicios que no superen la inflación en los siguientes años; avanzar en un ahorro del 50% en los gastos de temas de viáticos, papelería, impresión, publicidad, vehículos y combustibles; avanzar en el control de los costos de arrendamiento de instalaciones físicas; incluir análisis con la Unidad de Protección para lograr racionalizar los esquemas de seguridad, entre otras propuestas.

Continuando con el diálogo, varios expertos mencionaron los retos a los que se enfrenta la nueva reforma al proponer un modelo de austeridad en el país cuando el gasto e inversión social son tan inflexibles debido a disposiciones establecidas en la Constitución Política de 1991. Según los participantes, en relación con dicha inflexibilidad es necesario traer al debate también el tema de la eficiencia del gasto público, si lo que se busca es responder de manera acertada a las necesidades del país. En relación con ejemplos claros de la ineficiencia existente en términos de gasto en Colombia, se mencionan dos situaciones:  una primera, en la que se evidencia una duplicación de actividades que se realizan entre las diferentes entidades públicas, dado a que existen varios fondos, programas públicos o unidades de atención que responden a una misma problemática pero son administrados por dos entidades públicas diferentes, incrementando así el gasto público; y la segunda, que corresponde al proceso adelantado desde la administración previa, que devino en la creación de múltiples Agencias Públicas las cuales trabajan, en su mayoría, no con funcionarios estatales sino con contratistas que al no ser parte de la nómina escapan del control estatal.

Con respeto a lo anterior, se resalta que la propuesta de reforma tributaria se presenta contemplando el contexto social, político y de crisis sanitaria, con un énfasis en la eficiencia del gasto. Además, esta propuesta se complementa con otros esfuerzos como el adelantado por el Departamento Nacional de Planeación para la realización de un CONPES que busque eficiencia en el gasto público y con estrategias y políticas concretas que abran caminos en la obtención de mayor eficiencia del gasto social en el país.

Por su parte, algunos expertos se concentraron en traer a discusión algunos efectos de la tributaria sobre el sector empresarial. Se expresó entonces la preocupación sobre una posible carga fiscal que afectaría a los pequeños y medianos empresarios, al cambiar las condiciones de la Ley de Crecimiento de 2019. Y además, se señaló que en función de promover una reactivación económica, con sostenibilidad social y fiscal, es primordial incentivar el sector privado para que promueva oportunidades de empleo.

No obstante sobre este punto, también se dijo que los cambios actuales en términos de tributación de las empresas, la propuesta se contempla con un aumento en la tarifa para el año 2023 previendo un periodo de reactivación económica de las empresas. Pero además, se resaltó que el mecanismo reconoce una tributación progresiva ligada a las utilidades de las empresas y, que en comparación con 2018, sigue manteniendo una disminución de la carga tributaria. En este orden, hay quienes expresaron que además de las medidas tomadas para aumentar las fuentes de recaudo, es menester trabajar en la competitividad de la economía colombiana a nivel mundial para favorecer el crecimiento económico.

A manera de conclusión, se dijo que esta iniciativa busca afectar en lo más mínimo al grueso de la población, teniendo en cuenta tanto a las clases vulnerables como a las clases medias, al mismo tiempo que hace un llamado a realizar una reforma desde un sentido solidario en el que participe activamente el sector empresarial.

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