KAS COLOMBIA

Buenas prácticas, deudas y desafíos en los procesos de integración de la población migrante y refugiada: la experiencia de Costa Rica y Colombia

Durante la última década las dinámicas regionales de la movilidad humana y la migración se han visto reforzadas por la pauperización de la calidad de vida en áreas específicas de la región. En este escenario, Costa Rica y Colombia han asumido el rol de países de acogida para miles y millones de migrantes provenientes de Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Así pues, la l oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica junto a la Dirección de migración y extranjería, el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, desarrollaron este espacio de dialogo y aprendizaje de buenas prácticas a partir de las experiencias de ambos países.

Durante la jornada inicial, Leydi Jackson, secretaria de la KAS Costa Rica, dio inicio al evento e indicó que esta iniciativa busca integrar las experiencias de política pública para la atención de la población migrante en Colombia y Costa Rica. En la primera intervención, Evelyn Gaiser, representante KAS Costa Rica, realizó la presentación de bienvenida y agradeció a los participantes, resaltó la importancia de Colombia y Costa Rica como actores importantes a nivel regional en el tema de la migración.

En segundo lugar, Raquel Vargas, directora general de migración y extranjería de Costa Rica, indicó que para abordar la integración de los migrantes es necesario trabajar de manera intersectorial. De igual forma, indicó que la pandemia ha condicionado la atención a la población migrante, en lo referente al acceso a los servicios de salud. Por su parte Francesa Ramos, directora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indicó que junto a la KAS Colombia ha desarrollado proyectos que buscan promover la integración y la inclusión de la integración migrante. articulación en el tema migratorio entre los dos últimos gobiernos En tercer lugar, Carlos Murillo, director del Observatorio de desarrollo de la Universidad de Costa Rica, indicó que la migración evidencia las dinámicas a las que se enfrenta la humanidad frente a los desafíos de la globalización actual. De igual forma señaló que los migrantes enfrentan grandes dificultades para la integración en términos de salud durante la pandemia. Además, señaló que es importante abordar el tema migratorio a partir de las políticas públicas basadas en evidencia científica.

Más adelante, Farlen Blanco, representante de la unidad de migración y cohesión social de la Organización Internacional de la Migración, realizó la presentación ‘buenas prácticas, deudas y desafíos en los procesos de integración de la población migrante: la experiencia de Costa Rica.  Durante la presentación presentó el indicador de gobernanza migratoria, instrumento para identificar las buenas prácticas y desafíos en lo referente a la migración. A nivel local, indicó que la alianza entre las comunidades locales, los entes gubernamentales y las organizaciones internacionales han realizado diferentes proyectos enfocados en la integración cultural, económica y social de las personas migrantes en contextos locales.  Además, indicó que el enfoque interseccional para la atención a la población étnica durante los procesos de migración es importante para abordar las complejidades que enfrentan las poblaciones indígenas en las dinámicas de migración.  Finalmente explicó que los programas de articulación interinstitucional incluyen el fomento a emprendimientos de la población migrantes, fortalecimiento de las cooperativas locales, entre otras acciones dirigidas a la integración económica de la población migrante.

En el desarrollo del panel titulado: ‘¿Qué significa ser un país receptor de población migrante y refugiada? Alcance del marco legal y desafíos en la implementación de la política pública para la integración de la población migrante y refugiada’, Eugenia Víctor, jefe de planeación institucional de la dirección general de migración y extranjería, realizó la presentación ‘la política migratoria integral como instrumento de la gobernanza de las migraciones’. Durante la presentación indicó que Costa Rica cuenta una larga historia de migración, que ha contribuido en el desarrollo social, cultural y económico del país centroamericano. De igual forma indica que desde el año 2010 se han reforzado las dinámicas de migración proveniente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, indicó que en abril de 2018 se reforzó la migración proveniente de Nicaragua, siendo esta población la más importante dentro de las dinámicas de migración a nivel histórico en Costa Rica. De igual manera, señaló que el 90% de los movimientos migratorios en Centroamérica son absorbidos por Costa Rica, siendo esta población el 10.7% de la población del país. 

Así, el panelista indicó que el 73% de los migrantes en Costa Rica se ubica en centros urbanos, con gran participación en la agricultura, servicios y construcción. Además, explicó que, desde la constitución de Costa Rica, se establece la condición de país de asilo. Finalmente señaló que Costa Rica, tiene desafíos en la protección de derechos humanos de los migrantes, la seguridad fronteriza, así como la incorporación de recursos económicos, sociales y tecnológicos para fortalecer el registro migratorio, entre otros.

En la segunda presentación del panel, Víctor Bautista, secretario de Frontera de la Gobernación de Norte de Santander, explicó que, en el año 2020, se había registrado la cifra de 1.742.927 migrantes venezolanos en Colombia, de los que el 56% están en condición regular y el 44% en condición irregular. De igual forma, explicó que las dinámicas de migración pendular proveniente de Venezuela se constituyen en 1.050.000 visitas mensuales de migrantes que complejizan la oferta de servicios a nivel de salud, educación, entre otros. De igual forma, explicó que diariamente entre 200-1300 migrantes ingresan a Norte de Santander y Santander como caminantes que buscan llegar a los puntos de acogida para regularizar su situación en Colombia.

En la presentación final, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que en los registros dinámicas migratorias en Colombia, tienen grandes vacíos como el registro de connacionales en el exterior. Asimismo, indicó que las dinámicas de migración interna proveídas por los efectos generados por el conflicto armado, han convertido a 7.5 millones de personas en desplazados por la violencia. De igual forma, explicó que la población proveniente de Venezuela se ha instituido como un aspecto medular de la política pública en Colombia, teniendo en cuenta los retos a nivel institucional, humanitario, entre otros. Asimismo, indicó que el 17.2% de la población de Venezuela ha abandonado su país desde el año 2015.

Más adelante, Ronal Rodríguez,  explicó que el cierre de las fronteras en Perú y Chile, así como el anuncio del Estatuto Temporal de Protección en Colombia, ha aumentado el regreso de la movilidad humana venezolana. De igual forma, indicó que los retos sobre los municipios fronterizos se han fortalecido debido a la precarización de las condiciones de vida en Venezuela, condición que ha aumentado los flujos migratorios. Además, explicó que 930.241 personas se han registrado.

En el segundo día del diálogo sobre “Buenas prácticas, deudas y desafíos en los procesos de integración de la población migrante y refugiada: la experiencia de Costa Rica y Colombia” entre la KAS Costa Rica y KAS Colombia tuvieron lugar dos paneles. El primer panel contó con la participación de Andrea Hidalgo de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y de Miguel Suárez de la Fundación Ideas para la Paz. Ambos invitados presentaron, desde su experiencia, un análisis del fenómeno migratorio desde un contexto nacional y alrededor de un análisis enfocado en derechos humanos.

En la primera intervención, Andrea Hidalgo explicó de manera breve la labor de la Defensoría de los Habitantes y presentó un análisis de las intervenciones que consideran necesarias para garantizar el acceso a los derechos humanos de los migrantes en Costa Rica. Entre las intervenciones expuestas por la panelista se incluyen: la disminución de los trámites administrativos de legalización, la detención administrativa y el efectivo ejercicio de derechos a salud, seguridad, educación, trabajo e integridad personal. Sin embargo, Andrea Hidalgo señaló que existen algunas limitaciones, que en resumen comprenden todos aquellos problemas relacionados con la regularización de los migrantes, entre los que destaca su alto costo administrativo y económico que no permite a los migrantes alcanzar la legalización y con ésta, obtener su respectivo documento de identificación, acceso a servicios como la seguridad social, el trabajo digno y la educación.

Finalmente presentó los retos que tiene Costa Rica en materia de garantía de derechos de migrantes, entre ellos resaltó la necesidad de reformar la Ley General de Migración y Extranjería. La cual, si bien reconoce la panelista, representa un avance significativo al ser una ley que plantea principios importantes para la protección de derechos humanos que antes no se habían tenido en cuenta, aún es necesario llevar a cabo una reforma que establezca los límites a la detención administrativa por control migratorio y establezca un procedimiento excepcional para la categoría de razones humanitarias.

Por su parte Miguel Suárez de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se concentró en describir los principales retos que enfrenta la población migrante en el país en términos de acceso y garantía de derechos además de problematizar entorno a las narrativas de estigmatización, xenofobia y desconfianza que se articulan en torno a esta población. En este sentido, señaló que los grupos poblacionales que encuentran más dificultades en términos de acceso y garantía de derechos son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y por supuesto, la población inmigrante no regularizada.

Posteriormente, mencionó que para poder avanzar en la asistencia de esta población es necesario llevar a cabo un proceso de transformación de las narrativas que permean la experiencia del migrante, a quien se le responsabiliza por el aumento en las cifras de inseguridad en las ciudades, la incidencia en hechos vandálicos en las movilizaciones, el aumento en los índices de desempleo, o se le relaciona con fenómenos como la prostitución o la explotación sexual, esto último específicamente en el caso de las mujeres. En este punto el panelista recalca que muchas veces estas narrativas son promovidas incluso por actores institucionales y medios de comunicación.

En función de lo anterior, el panelista recalcó el trabajo realizado por la FIP en la construcción de espacios que le permiten a la población migrante y a organizaciones de la sociedad civil involucrarse en los procesos de política pública. Según expone Miguel Suárez, es fundamental generar puntos de encuentro en los que se le apueste a la pedagogía de la población y a la consolidación de espacios de diálogo donde se promueva la participación de migrantes y retornados, especialmente de mujeres y jóvenes como grupos más afectados. A lo anterior, cabe añadir el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para que estas puedan tener una incidencia de manera local. Por último, se agregó como reflexión, que dicha apertura al diálogo debe tener un carácter plural en el que se permita la participación de otros sectores, como el sector empresarial, que juega un papel de corresponsable en la búsqueda y propuesta de soluciones ante la situación migratoria actual.

En el segundo panel, enfocado a los desafíos y retos de las localidades frente a la migración, se abrió con la intervención de Alejandro Ubau de la municipalidad de Upala, Costa Rica. En un primer momento el ponente explicó la ubicación geográfica de la municipalidad y sus alrededores con el propósito de evidenciar que esta es una zona transfronteriza entre Nicaragua y Costa Rica debido a su cercanía y las prácticas socioeconómicas adoptadas por la población. El ponente explicó cuáles son las acciones que desde lo local se deben ejecutar para tratar el fenómeno migratorio, entre ellas destacó la inclusión de la atención a los migrantes como eje transversal en la planificación local fortaleciendo a su vez las líneas estratégicas y ofrecer una formalización del trabajo para los migrantes. Finalmente, expuso una de las acciones que han realizado en la municipalidad en cooperación con la ciudad próxima de San Carlos, Nicaragua, donde se llevó a cabo una feria binacional de la salud y la cultura, garantizando así el acceso a salud de las personas de la zona transfronteriza.

Por último, Karem Labrador, directora ejecutiva de Colombia Líder expuso el trabajo realizado por su organización en alianza con la KAS Colombia, en el que se evaluaron los procesos de integración de la población migrante y refugiada en la planificación del desarrollo local en Colombia. En una primera instancia la panelista, señala que la integración de esta población en la planeación pública fue un reto tanto a escala nacional como departamental y municipal, pues demandaba la integración del sector público, privado y de la sociedad civil, en un contexto de debilidad institucional y financiera a nivel territorial que dificultaba el actuar de los gobiernos locales ante a un problema migratorio que paulatinamente se ha ido intensificando. Es por eso que, según la panelista, era necesario proponer soluciones diversas que entendiesen las particularidades de los municipios y departamentos del país.

En ese orden de ideas, Karem Labrador , directora ejecutiva de Colombia Líder mencionó que el papel de gobierno local en la implementación de una política pública de atención a la población migrante y refugiada se debía dar en cuatro pasos, a saber: (1) facilitar el asilo y regularización de esta población para concentrarse en cubrir sus necesidades básicas; (2) articular esfuerzos con la opinión pública para abordar la migración desde una perspectiva inclusiva que prevenga la discriminación y se ocupe de difundir sus derechos; (3) fomentar la inclusión socio-laboral de la población migrantes en empresas que le apuestan a la diversidad cultural; y (4) involucrar a la sociedad civil en el proceso de integración de la población migrante. Sobre lo anterior, la panelista señaló que, el mayor desafío de los gobiernos locales es que no estaban preparados para cubrir dicha situación tanto en el ámbito presupuestario como en función de la presión económica, jurídica y social que debían enfrentar estos territorios, cuya institucionalidad es débil y sus recursos limitados.

Sin embargo, la panelista indicó que existe un gran potencial en la promoción de la gobernanza local y de la consolidación de nuevas estrategias que consideren a la población migrante como una oportunidad a mediano y largo plazo para el país en términos socioeconómicos.

Finalmente, Roxana Quesada en representación de la KAS Costa Rica resaltó que, aunque en ambos países existen retos a superar es evidente también, la voluntad que existe para mejorar el acceso a los derechos de los migrantes por parte de los Estados.