Libertad de expresión y de prensa en América Latina - Departamento de Cooperación Europea e Internacional
Oswaldo Rivas
La libertad de expresión y la libertad de prensa forman parte esencial de las sociedades democráticas. Desgraciadamente, estos derechos llevan sido restringidos continuamente desde hace muchos años en numerosas regiones del mundo. Incluso en las democracias, la prensa libre e independiente se enfrenta a grandes desafíos.
En muchos países de América Latina, los gobiernos atacan sistemáticamente a los periodistas de investigación para impedir el acceso de la población a las noticias e información publicadas libremente. El acoso y la estigmatización de los medios de comunicación, alimentados por la desinformación y la persecución en la red, han aumentado especialmente contra los periodistas que exigen responsabilidades al gobierno desde sus plataformas.
Reporter ohne Grenzen
Según Reporteros sin Fronteras, en 2022 países como Cuba (173º), Honduras (165º), Nicaragua (160º), Venezuela (159º), Colombia (145º), México (127º), Bolivia (126º), Guatemala (124º), El Salvador (112º) y Brasil (110º) se sitúan en el tercio inferior de la clasificación mundial sobre «Libertad de Prensa». La clasificación incluye indicadores como el pluralismo de opinión, la independencia de los medios de comunicación, la censura, el marco jurídico, las infraestructuras, la transparencia y las agresiones a periodistas en 180 países y territorios.
Nuestra página de resumen ofrece una visión de las distintas dimensiones de los recientes retrocesos en la libertad de prensa y de expresión en América Latina.
Desinformación en las plataformas digitales
En la era digital actual, se puede difundir información con millones de personas con tan solo un clic. Pero el mundo digital también plantea retos para los derechos humanos y la gobernanza democrática. Internet ha habilitado una nueva forma de consumir y reproducir información con muy poca regulación, lo que permite una rápida difusión de información falsa y engañosa a través de las redes sociales. Y a medida que crece la desconfianza en los hechos, se hace más difícil identificar si una determinada información puede ser creíble o no. Según Freedom on the Net, la manipulación de los contenidos en línea ha contribuido a un declive general de la libertad en Internet.
Durante la pandemia de la covid-19 varios países del mundo fueron testigos de la rápida difusión de noticias falsas caracterizadas por la información inexacta sobre el número de casos y muertes, las medidas de prevención y el tratamiento, así como por campañas de desprestigio de la ciencia. Además, muchos gobiernos han utilizado el pretexto de la lucha contra las fake news relacionadas con la pandemia para restringir la libertad de prensa y de expresión en las plataformas digitales, limitando así el acceso a la información, censurando el discurso crítico y aumentando la vigilancia digital sobre los periodistas. Según una evaluación dirigida por Freedom on the Net, los gobiernos de 28 países de todo el mundo bloquearon sitios web legítimos y censuraron medios de comunicación digitales para suprimir las estadísticas sanitarias desfavorables relacionadas con la pandemia y la información crítica.1
En Argentina, por ejemplo, organismos gubernamentales bajo la autoridad del presidente Alberto Fernández promovieron dos iniciativas encargadas de verificar la información relacionada con la covid-19 para luchar contra lo que se ha calificado de «infodemia», aunque ambas están relacionadas con organismos gubernamentales. El establecimiento de estas iniciativas por parte del Estado, al tiempo que desacredita otras iniciativas no gubernamentales, puede considerarse una censura sutil e indirecta según la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Dictar qué fuente de información debe ser tenida en cuenta por los organismos estatales puede suponer una amenaza para la libertad de expresión y de prensa.2
Siguiendo este patrón político de bloqueo de sitios web y eliminación de información no deseada, las autoridades venezolanas censuraron sitios web creados por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y por el líder opositor Juan Guaidó, que estaban relacionados con información sobre la pandemia.3 Además, al presidente Nicolás Maduro se le bloqueó su página de Facebook durante 30 días tras difundir una serie de informaciones falsas por todo el país en las que afirmaba que una solución de hierbas de tomillo podía ser la cura para la covid-19.
Sin embargo, la difusión de la desinformación no sólo ha afectado negativamente a la gestión de la pandemia en América Latina, sino que ha tenido igualmente un enorme impacto en el proceso democrático durante los períodos electorales, lo que ha contribuido a socavar los principios de democracias sólidas. En muchos países latinoamericanos, las campañas políticas han desviado las comunicaciones basadas en hechos y han contribuido a difundir información falsa en plataformas online y redes sociales para desinformar, engañar e influir en los votantes y descalificar a los oponentes políticos.
Bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, Brasil se ha convertido en uno de los principales países más preocupantes en la región en cuanto a la difusión de desinformación en las redes sociales durante el período electoral. Durante las elecciones de 2018, una investigación dirigida por Folha de São Paulo reveló que varias empresas privadas habían apoyado la campaña de Bolsonaro mediante la compra de paquetes de WhatsApp que permitían una rápida difusión de los mensajes.4 En cuanto a las elecciones presidenciales de 2022, en las que buscará asegurar su segundo mandato, Bolsonaro ha lanzado una ofensiva legal y una campaña de desinformación para poner en duda el voto electrónico en el país. No obstante, varios expertos ya han confirmado que el sistema de votación de Brasil es uno de los más sólidos del mundo.
2 https://adepa.org.ar/monitorear-el-pensamiento-no-favorece-la-libertad-de-expresion/
3 https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-net/2021
El periodismo, objeto de ataque
La libertad de prensa es un pilar esencial de la democracia, porque solo una prensa libre descubre la verdad, informa a los votantes y sirve de vigilante del poder. Al mismo tiempo, unos medios de comunicación fuertes que informen de forma crítica pueden representar una amenaza para muchos Estados y regímenes autoritarios. Así, los periodistas están cada vez más expuestos a agresiones verbales y físicas, acoso, intimidación y detenciones arbitrarias, sobre todo cuando cubren e investigan historias políticas delicadas, corrupción local o casos relacionados con el crimen organizado. Como resultado de este entorno hostil y complejo, la región ha experimentado un declive general de la libertad de prensa en los últimos años.
México ha sido durante tres años consecutivos el país más mortífero del mundo para los periodistas, según organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras. Como ejemplo de la violencia rampante contra los periodistas extendida por todo el país, datos recogidos por Artículo 19 señalan que entre 2019 y 2021 se produjeron 1.945 agresiones contra periodistas, incluyendo 33 asesinatos.5 El país ocupa la sexta posición en el Índice Global de Impunidad, lo que indica que la mayoría de los crímenes contra periodistas carecen de una investigación adecuada y sufren de niveles muy altos de impunidad. Aunque la libertad de prensa ha estado bajo asedio durante las últimas décadas en México, se ha disparado bajo el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Durante sus conferencias de prensa matutinas, conocidas como mañaneras, también vilipendia y desacredita sistemáticamente a los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Cuba, en cambio, tiene un sistema de partido único que no permite la oposición. El país se encuentra entre los ocho últimos puestos de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y está clasificado como el máximo violador de la libertad de prensa de la región latinoamericana. El régimen mantiene un monopolio informativo casi total, regula el flujo de información dentro del país, reprime continuamente a los críticos y no se priva de una represión y censura brutales. Los medios de comunicación privados siguen estando prohibidos por la Constitución cubana, por lo que los medios independientes sólo consiguen existir en formato online gracias a las recientes mejoras en el servicio de Internet. El periodismo es objeto de constantes ataques en Cuba: detenciones arbitrarias, acoso, vigilancia, encarcelamiento y registros domiciliarios ilegales son algunas de las realidades a las que se enfrentan los periodistas cuando expresan sus preocupaciones críticas con el régimen. Tras las masivas protestas contra el régimen que tuvieron lugar en el país en el mes de julio, muchos periodistas y blogueros independientes fueron encarcelados, mantenidos bajo arresto domiciliario y vigilados por los servicios de seguridad del Estado.
En la lista de países latinoamericanos que se encuentran en la zona roja del Índice se cuentan Venezuela, Honduras y Nicaragua. En Venezuela, donde el autoritarismo sigue creciendo, el espacio para la información independiente se ha reducido ostensiblemente desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder en 2013. Más de 115 medios de comunicación y plataformas han sido cerrados6 y a las emisoras de radio y televisión críticas se les ha retirado la licencia de frecuencias de emisión por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).7 La censura en línea también ha aumentado, según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, ya que varios sitios web de medios de comunicación tradicionales e independientes fueron bloqueados, lo que llevó al país a ser clasificado como no libre por Freedom on the Net.
La libertad de expresión se ha visto amenazada de forma grave y sistemática en Nicaragua. El país experimentó uno de los descensos más pronunciados de todo el mundo en dicho índice, cayendo de la posición 121 a la 160. Mientras el ambiente para los medios de comunicación se vuelve extremadamente violento en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el creciente número de nicaragüenses, incluyendo periodistas independientes, que se han visto desplazados forzosamente debido a la alarmante represión y persecución política llevada a cabo por el régimen del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007.8
Del mismo modo, en El Salvador, desde el inicio de su mandato en 2019, el presidente Nayib Bukele ha sido acusado de socavar la libertad de prensa mediante la amenaza y el ataque a los periodistas independientes que critican su administración, y presentando a los medios de comunicación como el enemigo del pueblo. En la vecina Honduras, el periodismo de investigación está en peligro por la connivencia del crimen organizado y la corrupción en la política.
5 https://articulo19.org/negacion/
8 https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2021/346.asp
Shrinking Spaces
En todo el mundo, tanto en los Estados autocráticos como en los democráticos, la sociedad civil ha operado en los últimos años en un entorno cada vez más hostil. Según el monitor CIVICUS, que evalúa la calidad del espacio cívico en todo el mundo, casi el 89% de la población mundial vive en países restringidos, reprimidos o cerrados, donde las personas no pueden asociarse libremente con otras para perseguir objetivos comunes, expresar sus opiniones sin miedo o protestar contra sus gobiernos para exigir sus derechos. En muchos países de América Latina, los gobiernos han ampliado cada vez más su control sobre el espacio cívico para evitar declaraciones y posiciones adversas. Además de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que llevan mucho tiempo gobernando de forma autocrática y responden a cualquier crítica con represión y control, los gobiernos de otros países como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Brasil están aplicando políticas de restricción similares sobre las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Esos gobiernos ponen trabas administrativas, controles legales desproporcionados y leyes contra la financiación extranjera, así como leyes fiscales, para secar y controlar financieramente a las organizaciones no gubernamentales.
El problema de los llamados shrinking spaces ha aumentado considerablemente en Guatemala. El Decreto 4-2020, que entró en vigor en junio de 2021, modifica la legislación comúnmente conocida como «Ley de ONG» y permite al gobierno cancelar el registro de una ONG sin procedimientos claros basados en el Estado de derecho y a ejercer control sobre los fondos de la cooperación internacional.9 Esta ley se considera incompatible con el derecho a la libre asociación y se considera un intento de socavar el trabajo de la sociedad civil guatemalteca, especialmente de aquellas que reciben financiación directa de donantes extranjeros.
En los países vecinos de América Central, como Honduras, Nicaragua y El Salvador, el Estado de derecho y el espacio de la sociedad civil para ejercer la crítica no han dejado de deteriorarse. Recientemente clasificado como un espacio cerrado para la sociedad civil,10 Nicaragua se ha caracterizado por una atmósfera de miedo imperante, que incluye violaciones cívicas generalizadas, como la prohibición de las manifestaciones cívicas, la criminalización y el cierre de decenas de OSC, la censura de los medios de comunicación y las detenciones arbitrarias.
También el espacio para la sociedad civil brasileña se ha reducido. Aunque el país sigue siendo una democracia con instituciones que funcionan, desde el comienzo de la campaña electoral a principios de 2022, la retórica populista de derechas del presidente Bolsonaro ha ido en aumento y los ataques verbales a los activistas de derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales no han dejado de crecer. Mientras Brasil se ha convertido en el cuarto país más peligroso del mundo para los activistas medioambientales, los defensores indígenas se enfrentan a la represión constante.
En Cuba, donde se encarcela y reprime a todos aquellos que ejercen sus derechos cívicos de asociación, libre reunión y expresión, cientos de ciudadanos fueron puestos bajo vigilancia policial e incluso detenidos por participar en las protestas masivas que estallaron en julio de 2021.
