La Fundación Konrad Adenauer en México y la Clínica en Derecho y Política Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con el propósito de recopilar recomendaciones aplicables en México, tomando en cuenta los esfuerzos que ya se han llevado a cabo en este ámbito, colaboramos con esta publicación.

Cada integrante de una sociedad se encuentra protegido por una serie de derechos que el Estado está obligado a proporcionar. Sin embargo, si los ciudadanos desconocen sus derechos, difícilmente van a poder exigir su cumplimiento. Al no estar conscientes de sus libertades ni de las obligaciones que el Estado tiene al respecto, la efectividad de sus derechos se encuentra condicionada a la posibilidad que tengan de acceder a un buen abogado. En este sentido, existe un número limitado de personas que pueden hacer valer sus derechos y otro enorme restante que no podrá ejercitarlos por ni siquiera conocerlos. Una de las causas de este problema es que las normas emitidas por los poderes legislativos están escritas con un lenguaje que resulta inaccesible para las personas ajenas al derecho.

El uso de un lenguaje claro permite, a su vez, la construcción de un lenguaje jurídico accesible, el cual contribuye a que los ciudadanos de un país puedan acceder fácilmente a la ley y comprender su texto. Esto significa que el lenguaje jurídico debe ser comprensible para todos, y no solo para quienes lo escribieron o para aquellas personas que tengan un título en Derecho. Si bien son términos similares, el lenguaje jurídico accesible es diferente de la lectura fácil, dado que esta última se refiere a los documentos emitidos por el Poder Judicial. En este sentido, la puesta en práctica de la lectura fácil ocurre respecto a sentencias individualizadas o criterios judiciales, pero no en normas generales y abstractas como las que emiten los Poderes Legislativos. Pero, más allá de sus ámbitos de aplicación, se trata de esfuerzos que buscan la misma finalidad: hacer comprensible para los ciudadanos cuáles son sus derechos. 

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