El estudio identifica que uno de los principales problemas radica en el desvío del foco institucional. Durante años, las labores de inteligencia se orientaron al seguimiento político por encima del análisis de riesgos penitenciarios y del crimen organizado. Los informes de alerta existieron: advertían sobre el hacinamiento, el ingreso de armas y drogas a los centros penitenciarios, y la consolidación de redes criminales dentro de las cárceles. Sin embargo, esas alertas nunca se tradujeron en decisiones de política pública. Esta omisión, unida a la falta de controles efectivos, permitió que las economías ilegales capturen las prisiones y amplíen su influencia en el Estado.
La investigación también evidencia que los cambios normativos ampliaron la discrecionalidad en las operaciones de inteligencia, reduciendo la trazabilidad de sus acciones. Esto generó un efecto dominó: sin controles, la inteligencia dejó de prevenir crisis y, en muchos casos, contribuyó a fabricarlas. Los mecanismos de supervisión establecidos por ley quedaron en el papel, mientras el circuito de rendición de cuentas fue inexistente. En consecuencia, las instituciones responsables de la seguridad se debilitaron y las alertas tempranas quedaron archivadas.
El mensaje central del estudio es claro: sin controles, la inteligencia no previene crisis, las produce. Las advertencias sobre el deterioro del sistema penitenciario existían, pero faltó voluntad política y un sistema que garantizara respuestas oportunas. La seguridad integral del país empieza con reglas claras para la inteligencia y termina en vidas salvadas dentro de las prisiones.
Como propuesta, el documento plantea tres reformas urgentes: establecer la trazabilidad obligatoria de las alertas de inteligencia, implementar una supervisión multipartita que involucre a la sociedad civil y al poder legislativo, y fijar reglas claras para el manejo de fondos y operaciones especiales, con prioridad en el ámbito penitenciario. Estas medidas buscan asegurar que la inteligencia vuelva a cumplir su función estratégica: anticipar riesgos, proteger a la ciudadanía y fortalecer la gobernanza democrática.
El trabajo, elaborado por Lorena Piedra Cobo, docente-investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y miembro de la Red de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa de la Fundación Konrad Adenauer, revela que la falta de control democrático sobre la inteligencia permitió el deterioro del sistema penitenciario y la expansión del crimen organizado. En definitiva, el texto advierte que sin trazabilidad, supervisión y límites legales, la inteligencia se convierte en un arma política y no en un instrumento de seguridad y justicia.
Sobre esta serie
La serie informa de forma concentrada sobre las posiciones importantes de la Fundación Konrad Adenauer en temas de actualidad. Los números individuales presentan las principales conclusiones y recomendaciones, ofrecen breves análisis, explican los planes futuros de la Fundación y nombran a las personas de contacto de la KAS.