“¡La verdad, nada más que la verdad!” fue la exigencia más frecuente de los colombianos en el 2006, dirigida a más de 30.000 paramilitares que, al menos en conformidad con los datos oficiales, han entregado las armas desde el 2003 en el contexto de la ley de „Justicia y Paz“. Especialmente los cabecillas de los anteriomente temidos escuadrones de la muerte tienen un arma nueva: la verdad, o lo que presentan como tal. Y a ella le temen muchos políticos del país.

Hace unos meses se trataba tan sólo de un fantasma político: una tercera parte de los delegados a la Cámara de Reresentantes y el Senado tendrían vínculos con los paramilitares o fueron elegidos con su apoyo. Con eso hinchaba su pecho Salvatore Mancuso hace dos años, uno de los grades de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien responde actualmente ante un tribunal en Medellín. El jefe de las AUC Vicente Castaño lo siguió y afirmó que más del 35% de los de los funcionarios públicos eran amigos de los paramilitares.

A eso se suman numerosos políticos regionales y locales. Incluso al director del servicio inteligencia nacional (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) se le acusa de haber borrado de los archivos pruebas que comprometían a los paramilitares. Él fue retirado de la embajada en Milán y debe presentarse ahora ante la justicia. Un terremoto político desencadenó la renuncia de la Ministra de Relaciones Exteriores Maria Consuelo Araújo el pasado 19 de febrero. Ella ya no se podía quedar en el cargo, después de que la Corte Suprema de Justicia abriera investigación contra su hermano por nexos con paramilitares y ordenaran su detención.

Un estudio de la Organización Arco Iris investigó detalladamente la forma en que, con el apoyo de nuevos movimientos políticos, en los municipios y las regiones se llegó a una simbiosis entre la política y los paramilitares. Muchos funcionarios llegaron a sus cargos con la ayuda de los grupos de autodefensa. Algunos de ellos se encuentran actualmente en la cárcel. Eso ya oscurece las elecciones municipales y regionales de octubre de este año. Los colombianos temen que se reproduzca el patrón, pero al menos ahora ya se habla abiertamente sobre el tema.

“La tapa se descubre lentamente y el hedor brota hacia fuera” y “al fin la ropa sucia es lavada”; así se sintetizan los comentarios incisivos de los medios de comunicación del país.

Pues la verdad duele: actualmente se investiga a casi una docena de congresistas por sus vínculos con los paramilitares. Tres de ellos ya se encuentran detenidos. Todos proceden del frente heterogéneo de antiguos y dispersos liberales y conservadores que apoyan a Alvaro Uribe. Cinco de ellos fueron expulsados de las listas de partido de los fieles de Uribe. En total son 60 los congresistas, algunos de ellos importantes políticos, que deben presentarse ante el máximo tribunal. La palabra “Paramentarios” está en circulación. El escándalo se extiende sin que los colombianos reaccionen con demasiada sorpresa.

No obstante, para la opinión pública el Congreso se derrumbó. De acuerdo con las cifras del periódico Nuevo Siglo, sólo un 37% de los colombianos lo tiene como una institución creíble; la mitad de ellos tiene una imagen negativa de los representantes. Las esperanzas de mantener en pie las instituciones del Estado reposan, pues, en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía.

En Colombia es un secreto a voces que los paramilitares apoyaron al presidente Álvaro Uribe en las elecciones del 2002. Pero a Uribe mismo, el hombre de la mano dura, que aumentó la sensación de seguridad en los colombianos en los últimos cuatro años y redujo drásticamente los índices de homicidios, no se le ha podido demostrar vínculos directos con los paramilitares. Sus partidarios en cambio llaman la atención del logro de haber ganado la confianza de los escuadrones de derecha y así, de haber hecho posible la desmovilización más grande en los 50 años de conflicto. El líder de las AUC, Vicente Castaño, afirmó la disposición al desarme de la siguiente manera: “La seguridad Democrática (de Uribe) ha funcionado y nos ha arrebatado nuestra razón de ser. Los grupos de autodefensas fueron fundados debido a que el Estado no podía defender a los ciudadanos. Pero en el último tiempo el Estado ha adquirido la capacidad de defendernos”. Sin embargo, justamente Castaño no se ha sometido a las autoridades.

Si el proceso de desarme llegara a feliz término, lo que en el momento está en cuestión, la estrategia de Uribe quedaría explícita: de tres partes en conflicto – los militares, los paramilitares y la guerrilla – se llegaría a dos. Al Estado, como legítima fuerza coercitiva, se le antepondrían tan sólo grupos “criminales”. Sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes por medio del tráfico de drogas, las masacres y los secuestros han echado a perder por sí solas, incluso en el espectro de izquierda de la población, la imagen que ellas mismas han curtido de fuerza marxista opositora del establecimiento neoliberal y de “Robin Hood” de los campesinos privados de derechos.

A medida que las partes ilegales del conflicto pierden su papel político en la historia, se fortalece la credibilidad del Estado. Eso es al menos el escenario sobre el cual está Uribe y que está sustentado por una situación que es para él mismo una amarga ironía: por primera vez en la historia existe una oposición socialdemócrata. El candidato del movimiento de convergencia Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, disputó el segundo puesto en las elecciones de mayo pasado con un 23%, incluso por delante de los liberales. El partido está haciendo un buen trabajo de base, está poniendo importantes alcaldes y tiene oportunidades reales de poner el próximo presidente, pues una reelección de Uribe no resulta posible con el estado actual de la constitución. Y los partidos tradicionales, liberal y conservador, han perdido su perfil y tenacidad, mientras el Polo socava con su agenda social programática la pretensión por parte de las FARC de una alternativa de izquierda en el Estado.

El presidente reacciona irritado frente a la oposición social demócrata. En varias franjas de las emisoras de radio Uribe tildó a políticos del Polo de “terroristas vestidos de civil” y calentó con eso el ambiente político. Algunos opositores recibieron amenazas de muerte por parte de paramilitares que aun están activos. Aunque Uribe enfatizó que la protección por parte del estado también es válida para la oposición, muchos de los analistas consideran que el proceder del presidente es pasional y peligroso. Algunos comentaristas opinan que Uribe se dejó caer a un nivel que no es digno de un presidente. Otros sospechan que Uribe quiere distraer las investigaciones sobre sus propios nexos con los paramilitares. El presidente parece cada vez mas nervioso. El temperamental presidente manifestaría síntomas de soledad, escribió la revista Semana.

No obstante, Uribe ha logrado consolidarse con el apoyo de la población y una contundente reelección con más de dos tercios de la votación y ha fortalecido su independencia frente a los paramilitares. En diciembre Uribe erradicó toda duda en relación a la posibilidad de ser intimidado por la guerrilla o por los paramilitares. En un sorpresivo golpe hizo que 57 líderes miembros de las AUC, que se habían sometido al proceso de desarme, fueran trasladados de una finca de veraneo a una cárcel de alta seguridad en Medellín. Los “paras” se quejaron de la falta de palabra y renunciaron al proceso de paz, aunque desde una posición bastante débil. Uribe los amenazó con la pérdida de los privilegios cobijados por la Ley de Justicia y Paz, como un máximo de encarcelamiento de ocho años y la extradición a los EE.UU. en caso de romper las negociaciones. Ninguna de las unidades existentes retornó a las armas para proseguir con el combate bajo las mismas estructuras de mando. Tampoco los combatientes desmovilizados, muchos de los cuales prosiguen algún estudio, se solidarizaron. La decisión de Uribe tiene el apoyo de la población y fue un golpe liberador en medio del para-escándalo en el Congreso.

El presidente Uribe habría perdido credibilidad, si el proceso se le hubiera salido de las manos en un momento tan decisivo y si los ex-jefes de las AUC hubieran emprendido la huida que muchos temieron. Pero con la recaída de muchos de los ex-paramilitares en la criminalidad, la fase crítica del proceso comenzó hace tiempo. Tras la culminación de una beca de un año por parte del gobierno no encuentran trabajo ni una motivación para ingresar a la vida civil, o son reclutados por nuevas bandas criminales y presionados a tomar nuevamente un arma en las manos. Otros son asesinados, sea por venganza por parte de los rebeldes o por antiguos compañeros que temen que revelen la verdad.

Por esa razón en diciembre un viejo compañero de Mancuso fue asesinado. Se especula que la orden de ejecución salió directamente de la cárcel de alta seguridad de Medellín. En total son más de 400 los desmovilizados que han perdido la vida, lo que nos recuerda el círculo vicioso de los 80’s y 90’s, cuando miembros del grupo guerrillero M-19 renunciaron a la vía armada y optaron por introducirse en la política legal con un nuevo partido: la Unión Patriótica. Desde entonces son mas de 3000 los miembros que han sido asesinados, sea como políticos locales o como candidatos a la alcaldía; dos de ellos eran incluso candidatos a la presidencia. A esta experiencia acuden las FARC como justificación para la continuación de su lucha. Sin embargo, este argumento perdería cada vez mas su efectividad, si la desmovilización de los paramilitares lograra tener un éxito sostenible y el Estado lograra imponer el monopolio de la fuerza.

Pero todavía nos espera un largo camino, si se tienen en cuenta también el pronunciado déficit en el sistema judicial. Algunos escépticos subrayan el hecho de que la guerrilla y no el ejército, cobra fuerza en muchas zonas de antiguo dominio de los paramilitares. En ese vacío de poder entran también nuevas bandas, como las Águilas Negras, que operan sobre todo en la costa fronteriza con Venezuela y están envueltas con tráfico de drogas, homicidios y extorsión.

Con el desarme de los paramilitares tradicionales el panorama de la situación es cada vez más confuso. El renombrado analista Alfredo Rangel, afirma que el hecho de ver en las antiguas partes del conflicto tan sólo a grupos criminales es una mentira vital. En primera instancia, más de diez mil comerciantes, empresarios, ganaderos, políticos locales y ciudadanos del departamento de Antioquia en el occidente de Colombia, aseguraron, en un acta firmada, haber apoyado libremente a los grupos paramilitares. Rangel subraya que el fenómeno es de carácter social y político, pero no criminal. Él también se muestra sorprendido por el hecho de que nadie le pidiera “la verdad y nada más que la verdad” a los guerrilleros, cuando éstos estuvieron negociando con el gobierno colombiano. El hecho de que sean tantos los colombianos los que reconocen estar dispuestos a cooperar con los paramilitares es parte de la catarisis social y política por la cual atraviesa el golpeado país. En realidad todos lo sospechaban, pero ahora se puede hablar de ello.

Los periodistas pueden reprocharle a los políticos nexos con los paramilitares, sin que tengan que temer por su vida o exiliarse. La hipocresía pasó y eso es un progreso, un cierre de una etapa para la democracia, tan sucia y dolorosa como sea.

Que esta purificación logre ser un aporte a la paz en Colombia no sólo depende de que el presidente, sino también las instituciones del estado, los partidos y los representantes populares fortalezcan su credibilidad, que el estado llene el vacío de seguridad de los paramilitares, y que los actores políticos establecidos, logren llenar el vacío social en la política colombiana.

La mayoría de los colombianos se sienten más seguros y la economía anda viento en popa. Ahora exigen más reformas contra la desigualdad social y negociaciones políticas con la guerrilla. Es ganancia de Uribe el hecho de haber logrado moverlas de su posición de fuerza, a diferencia de lo que sucedió con su vencido predecesor, Andrés Pastrana.

El presidente sabe que en su segundo mandato no podrá anotarse puntos sólo a punta de mano dura. Sin embargo, no pierde oportunidad para corroborar su intransigencia respeto a enfrentar a los grupos armados ilegales por la vía armada en vez de aventurarse en una negociacion precipitada. Por ejemplo, como sucesor de la ministra de Relaciones Exteriores que cayó con el escándalo de la parapolítica, nombró a Fernando Araújo (sin parentesco con María Consuelo), quien estuvo secuestrado durante seis años por las FARC y logró escaparse de la selva en año nuevo, gracias a un ataque aéreo por parte del ejército sobre la base de los rebeldes.