La guerra en Irak también se volvió un bumerang para Álvaro Uribe. Siguiendo a George W. Bush, Tony Blair, Silvio Berlusconi y Jose María Aznar, ahora es el presidente de Colombia quien recibe indirectamente la cuenta de cobro política por el desastre en Eufrates y Tigris -aunque no por parte de sus propios ciudadanos-, sino por el cambio en las relaciones de poder en Washington. Uribe apoyó como único vasallo fiel a Washington en Sudamérica la invasión a Irak. No porque le hubiera adjudicado un significado importante a los acontecimientos en el Cercano y Medio Oriente (tampoco los colombianos lo hicieron), sino porque la guerra le sirvió como útil instrumento para el efecto de fortalecer su alianza con la Casa Blanca. Colombia es a fin de cuentas el tercer mayor receptor de apoyo por parte de los EE.UU., después de Israel y Egipto.

Se encrudecen las relaciones colombo-americanas

Pero por medio de la debacle política y militar que sufren los EE.UU. a raíz de la guerra en Irak, los Demócratas lograron la mayoría del poder legislativo en el Capitolio. Posiblemente también será un Demócrata quien gobierne los EE.UU. desde el 2008. Esto no lo tuvo en cuenta Uribe dentro de sus cálculos. Por primera vez en esta década cruje la relación EE.UU.-Colombia y lo hace bastante a destiempo para el jefe de Estado y Gobierno.

Hasta ahora el apoyo económico y militar a Colombia en la guerra contra los narcotraficantes y la guerrilla era un consenso en Washington. Con el Presidente Demócrata de los EE.UU. Bill Clinton y su homólogo conservador Andrés Pastrana (1998-2002) la relación bilateral floreció. Fue Clinton quien a finales de los años 90 puso a andar el primer Plan Colombia, un generoso paquete de ayuda anual que en el año 2006 tuvo un valor de 733 millones de dólares. En años anteriores alrededor de un 80 por ciento de los recursos estuvieron siempre destinados a los militares y la policía y el resto para proyectos económicos y sociales.

Pero el consenso en Washington (bipartisan support) sobre un apoyo incondicional a Colombia se desmorona desde la reciente mayoría Demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado. Esto sucede en un momento en el que el tratado de libre comercio (TLC) entre EE.UU. y Colombia debe ser ratificado en forma definitiva por parte del Congreso y en Washington se decide justamente con qué suma deben los EE.UU. apoyar a Colombia el próximo año. Además los Demócratas bloquearon recientemente 55,2 millones de dólares destinados a los militares colombianos para ganar tiempo y evaluar la violación de derechos humanos.

En mayo cuando Uribe trató de convencer a miembros del congreso en Washington sobre su política, los Demócratas hicieron manifiesta su reticencia. Analistas en Bogotá ven en la tensa atmósfera el resultado de una orientación unilateral hacia la política y la retórica Republicanas por parte de Uribe. El gobierno colombiano y los Demócratas disgregan con eso varias posiciones importantes que tienen un carácter sustancial.

TLC con EE.UU. talvez tendrá que renegociarse

Por un lado, la totalidad del paquete de libre comercio amenaza con volver a negociarse. Eso es especialmente humillante para el gobierno colombiano porque antes se había visto obligado a hacer varias concesiones, superar resistencia en la política interna y porque, incluso, Perú y Panamá podrían llegar a disfrutar antes del tratado. Colombia está acatarrada y no se siente suficientemente valorada como socio fiel de los EE.UU. por más que George W. Bush enfatice estar guardándole la espalda a Uribe. En mayo el vicepresidente de Colombia Francisco Santos los provocó con la afirmación de que si el tratado de comercio resultara rechazado por el congreso de los EE.UU., habría que repensar profundamente las relaciones con los EE.UU.

En el tratado los Demócratas están empeñados en lograr mayor protección del medio ambiente y derechos para los empleados. Los críticos de Uribe en Washington se apoyan especialmente en el hecho de que en Colombia aun son muchos los líderes sindicales que son asesinados. Más de 800 sindicalistas fueron víctimas de ataques por parte de empresarios inescrupulosos, grupos criminales o paramilitares en los últimos seis años. Estas exigencias son en principio razonables, pero después de 22 meses de discusión del tratado, estos hechos llevan a los periodistas a la conclusión de que no es Uribe, sino el presidente Bush quien debe ser castigado, pues se aplica la lógica según la cual "los amigos de Bush son nuestros enemigos". Uribe cayó en las manos de un combate interno por el poder en los EE.UU.

Demócratas quieren otra lucha antidroga

Esta sospecha no es descabellada. Sin embargo, hay que urgar más a fondo. En lo que se refiere a los nuevos resultados del Plan Colombia para este año, los Demócratas esperan que se preste mayor atención a asuntos sociales y económicos. Además, se encuentran insatisfechos con los resultados de la guerra contra las drogas. Millones de dólares se hunden en la arena, pues el mismo gobierno de Colombia ha constatado que la exportación de drogas no se ha reducido. Los precios de la droga en EE.UU. están incluso en descenso. La superficie de cultivos en Colombia ha caído, pero mejores métodos de cultivo y vías de comercialización han terminado por equilibrar el resultado final. El vicepresidente colombiano comparó los esfuerzos con el pedaleo de una bicicleta estática.

Algunos Demócratas en Washington se han sumado adicionalmente a las críticas de los defensores del medio ambiente, quienes sostienen que las fumigaciones con glifosato son peligrosas tanto para el hombre como para la naturaleza. Con eso arremeten contra uno de los pilares principales del Plan Colombia vigente, del cual hacen parte las fumigaciones y el envío de helicópteros de combate a las unidades anti-droga. Sin embargo, la transferencia del embajador William Wood de Colombia a Afganistán, es una señal de que el gobierno Bush ve la guerra contra las drogas en Colombia no sólo como un éxito, sino como modelo de exportación.

El presidente de Colombia le brinda a los Demócratas terreno de ataque también en un segundo frente: la política interna. El país está sumido en una de las crisis políticas más difíciles en años y la más peligrosa desde la posesión de Uribe en el 2002. El escándalo de la "parapolítica" arroja una sombra sobre los esfuerzos de Primer Mandatario por resolver el conflicto interno de más de cinco décadas con mano dura frente a la guerrilla y con negociaciones frente los paramilitares. Cada vez son más los políticos de alto rango que están o estuvieron envueltos con los paramilitares en "chancucos", pactos e incluso alianzas políticas, tal como lo han puesto a la luz los medios investigativos del país.

El arma de la verdad

"¡La verdad, nada más que la verdad!" fue la exigencia más frecuente de los colombianos en el 2006, dirigida a más de 31.000 paramilitares que, al menos en conformidad con los datos oficiales, han entregado las armas desde el 2003 en el contexto de la ley de "Justicia y Paz". Especialmente los cabecillas de los anteriormente temidos escuadrones de la muerte tienen un arma nueva: la verdad, o lo que presentan como tal. Y a ella le temen muchos políticos del país.

Para finales del año 2006 se trataba tan sólo de un fantasma político: una tercera parte de los delegados a la Cámara de Representantes y el Senado tendrían vínculos con los paramilitares o fueron elegidos con su apoyo. Con eso hinchaba su pecho Salvatore Mancuso hace dos años, uno de los grandes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien responde actualmente ante un tribunal en Medellín. El jefe de las AUC Vicente Castaño lo siguió y afirmó que más del 35% de los de los funcionarios públicos eran amigos de los paramilitares.

A eso se suman numerosos políticos regionales y locales. Incluso el director del servicio inteligencia nacional (DAS) se le acusa haber borrado de los archivos pruebas que comprometían a los paramilitares. La sindicación lo obligó a retirarse de la embajada en Milán para presentarse ante la justicia. De igual manera, la renuncia de la Ministra de Relaciones Exteriores Maria Consuelo Araújo desencadenó un terremoto político el 19 de febrero. Ella ya no se podía quedar en el cargo, después de que su hermano (un senador uribista) fuera detenido por supuestos nexos con los paramilitares y a su padre se le expidiera una orden de captura por su presunta relación con el mismo grupo ilegal.

La KAS apoya iniciativas ciudadanas para la observación de las elecciones

En la actualidad resulta evidente: Muchos funcionarios llegaron a sus cargos con la ayuda de los grupos de autodefensa. Algunos de ellos se encuentran actualmente en la cárcel. Eso ya oscurece las elecciones municipales y regionales de octubre de este año. Los colombianos temen que se reproduzca el patrón, pero al menos ahora ya se habla abiertamente sobre el tema y organizaciones internacionales como la Konrad Adenauer apoyan iniciativas civiles para la observación de las elecciones.

"La tapa se descubre lentamente y el hedor brota hacia afuera" y "al fin se lava la ropa sucia"; así se dejan sintetizar los acertados comentarios de los medios del país.

Pues la verdad duele: actualmente se investiga a 21 congresistas activos por sus vínculos con los paramilitares. Eso corresponde casi a un diez por ciento del congreso. Catorce de ellos ya se encuentran detenidos. A eso se suman 7 ex- parlamentarios que se encuentras tras las rejas. Todos proceden del frente heterogéneo de antiguos y dispersos liberales y conservadores que apoyan a Álvaro Uribe. Algunos de ellos fueron expulsados de las listas de partido de los fieles de Uribe. En total son 60 los congresistas, algunos de ellos políticos prominentes, quienes tendrían que presentarse frente al máximo tribunal. La palabra "Parlamentarios" está en circulación. El escándalo se extiende sin que los colombianos reaccionen con demasiada sorpresa.

Problema de credibilidad del Congreso

No obstante, para la opinión pública el congreso se derrumbó: de acuerdo con las cifras del periódico Nuevo Siglo, sólo un 37% de los colombianos lo tiene como una institución creíble; la mitad de ellos tiene una imagen negativa de los representantes. Las esperanzas de mantener en pie las instituciones del Estado reposan, pues, en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía.

Pero el escándalo se extiende diariamente: El vicepresidente desencadenó una gran vorágine en mayo, al afirmar en una entrevista de televisión que entre 30 y 40 congresistan terminarían probablemente encarcelados a raíz del escándalo de la parapolítica. Prendido en cólera, el presidente Uribe llamó horas más atrde a su vicepresidente a rendir cuentas. Aun si la sombría apreciación de Santos fuera realista, ella fue leña para el fuego de los críticos en el interior y el extranjero, quienes ven que tanto la política del gobierno como Uribe se encuentran desacreditados. Pues los Demócratas en Washington critican en forma creciente la política de derechos humanos de Uribe y ven con escepticismo la Ley de Justicia y Paz que impone una pena máxima de ocho años para los paramilitares desmovilizados. Uribe, resume la crítica, trata a los paramilitares con demasiada suavidad.

En Colombia no es ningún secreto que los paramilitares apoyaron las elecciones de Uribe en el 2002. Pero al mismo Uribe, el hombre de la mano dura que ha elevado sustantivamente la percepción de seguridad de los colombianos y ha reducido drásticamente las tasas de homicidio, no se le han podido probar nexos directos con los paramilitares.

Los ataques aumentan

Pero el escándalo de la parapolítica se le acerca cada vez más al mismo Uribe. A finales de abril el senador social demócrata, Gustavo Petro, acuso al presidente de haber promovido grupos de autodefensa durante su época de gobernador de Antioquia (1995-1997), grupos que posteriormente se convirtieron en paramilitares. Las propiedades de la familia Uribe habrían sido puntos de encuentro de estos grupos y su familia los habría protegido. En efecto, durante esa época los escuadrones de la muerte se extendieron como mecanismo de defensa contra masacres y sucuestros por parte de la guerrilla. Para la desgracia de la población colombiana, estos grupos de autodefensa se conviertieron rápidamente en bandas criminales que no se le quedan atrás a la guerrilla en términos de mascares, secuestros, presiones y trafico de drogas e incluso, en ciertas instancias, llegan a superarla.

El senador Petro, quien es un antiguo combatiente de la guerrila M-19, exigió en su ataque que se mirara con lupa a la familia de Uribe. El hermano del Presidente, Santiago, habría cooperado con paramilitares y traficantes de droga. Estos ataques desde la oposición tuvieron resonancia en el exterior. El otrora vice-presidente de los EE.UU., Al Gore, canceló su participación en una conferencia ambiental en Miami para no sentarse en la mesa con Uribe. Adicionalmente rechazó una invitación a Colombia que ya tenía agendada. Esto le dio a Uribe en su punto débil. A diferencia de los europeos, los estadounidienses habían tenido comprensión con la mano dura de Uribe hacia la guerrilla y con el proceso de paz con los paramilitares. Ahora esto ya no se da por supuesto.

Uribe se defendió enérgicamente de las acusaciones de la oposición de izquierda, pero sin traer a colación nuevos hechos. Algunos de los colaboradores del otrora presidente de los EE.UU., Bill Clinton, dijeron también que al presidente se le increparían hechos injustamente y que él no recibiría suficiente apoyo para el combate de los grupos armados en el país. Por su parte, el periódico Washington Post saltó a defender a Uribe con un comentario titulado: "Ataque a un aliado". Allí el autor afirma que Uribe es "posiblemente el presidente democráticamente elegido más popular en el momento". Con esa ofensa los EE.UU. habrían apartado a su más importante aliado en Latinaomérica y además a un político liberal, justo cuando gobiernos populistas de izquierda críticos de los EE.UU. han tomado la delantera en el año electoral 2006.

El "efecto teflón"

Efectivamente las percepciones interna y externa de Uribe se separan en forma insoluble. En los primeros cinco meses del año 2007 el presidente pudo consolidar sus altos y sostenidos índices de simpatía, a pesar del escándalo de la parapolítica. Su popularidad en el país subió 6,2 puntos hasta llegar a un 73,4 por ciento. Eso va mas allá del conocido "efecto teflón" esta vez, de acuerdo al cual, en palabras de los propios colombianos, todos los ataques y escándalos rebotan en Uribe. Prestigiosos empresarios también manifestaron su apoyo a Uribe. La nueva seguridad del país habría impulsado la economía y parado la fuga de capitales hacia el extranjero.

Gracias a Uribe se ha fortalecido el monopolio de la fuerza por parte del estado en Colombia en comparación a lo que sucedía hace algunos años, pues un tiempo atrás, los colombianos no podían siquiera hacer uso de sus carreteras regionales sin correr riesgo de ser asaltados o secuestrados. Los adeptos de Uribe acuden al mérito de haber disuadido la confianza de los escuadrones de derecha y haber logrado así la mayor desmoviización que ha tenido lugar en los 50 años de historia del conflicto. El líder de las AUC, Vicente Castaño, afirmó la disposición al desarme por parte de los paramilitares de la siguiente manera: "La seguridad Democrática (de Uribe) ha funcionado y nos ha arrebatado nuestra razón de ser. Los grupos de autodefensas fueron fundados debido a que el Estado no podía defender a los ciudadanos. Pero en el último tiempo el Estado ha adquirido la capacidad de defendernos". Sin embargo, justamente Castaño no se ha sometido a las autoridades.

Si el proceso de desarme llegara a feliz término, lo que en el momento está puesto en cuestión, la estrategia de Uribe quedaría explícita: de tres partes en conflicto –los militares, los paramilitares y la guerrila– se llegaría a dos. Al estado, como violencia legítima, se le antepodrían tan sólo grupos „criminales“, especialmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes por medio del tráfico de drogas, las masacres y los secuestros han hechado a perder por sí solas, incluso en el espectro de izquierda de la población, la imagen que ellas mismas han curtido de fuerza marxista opositora del establecimiento neoliberal y de Robin Hood de los campesinos privados de derechos.

Instauración de una oposición social-demócrata

A medida que las partes ilegales del conflicto pierden su papel político en la historia, se fortalece la credibilidad del estado. Eso es al menos el escenario al que le puesta Uribe. Y está sustentado por una situación que es para Uribe una ironía amarga: por primera vez en la historia existe una oposición socialdemócrata. El candidato del movimiento de convergencia Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, disputó el segundo puesto en las eleccieones de mayo pasado con un 23%, incluso por delante de los liberales. El partido está haciendo un buen trabajo de base, está poniendo importantes alcaldes y tiene oportunidades reales de poner el próximo presidente, pues una reelección de Uribe no resulta posible con el estado actual de la constitución y los partidos tradicionales, liberal y conservador, han perdido su perfil y tenacidad. El Polo socava con su agenda social programática la pretensión por parte de las FARC de una alternativa de izquierda en el estado.

A comienzos de febrero Uribe tildó a políticos del Polo de "terroristas vestidos de civil" en varias franjas de las emisoras de radio y calentó con eso el ambiente político. Uribe reacciona irritado frente a la oposición socialdemócrata. Los teléfonos de algunos opositores fueron chuzados ilegalmente por la policía, lo que le trajo a Uribe rudas críticas. Pero el presidente reaccionó rápidamente: enfatizó la necesidad del estado de derecho y despidió al director de la policía nacional. Algunos opositores dicen haber recibido amenazas de muerte por parte de paramilitares que aún están activos. Aunque Uribe enfatizó que la protección por parte del estado también es válida para la oposición, muchos de los analistas consideran que el proceder del presidente es pasional y peligroso. Algunos comentaristas opinan que Uribe se dejó caer a un nivel que no es digno de un presidente. Otros sospechan que Uribe quiere distraer las investigaciones sobre sus propios nexos con los paramilitares. En todo caso el presidente parece cada vez más nervioso. El temperamental presidente manifestaría síntomas de soledad, escribió la revista Semana.

No obstante, Uribe ha logrado consolida, con una contundente reelección con más de dos tercios de la votación, el apoyo de la población y ha fortalecido su independencia frente a los paramilitares. En diciembre, Uribe erradicó toda duda en relación a la posibilidad de ser intimidado por la guerrilla o por los paramilitrares. En un sopresivo golpe hizo que 57 líderes miembros de la AUC que se habían sometido al proceso de desarme fueran trasladados de una finca de veraneo a una cárcel de alta seguridad en Medellín. Los paras se quejaron de la falta de palabra y renunciaron al proceso de paz, aunque desde una posición bastante débil. Uribe los amenazó con la pérdida de los privilegios cobijados por la Ley de Justicia y Paz –que otorga penas de máximo ocho años de cárcel- y la extradición a los EE.UU., en caso de romper las negociaciones.

Ninguna de las unidades existentes retornó a las armas para proseguir con el combate bajo las mismas estructuras de mando. Tampoco los combatientes desmovilizados, muchos de los cuales prosiguen algún estudio, se solidarizaron. La decisión de Uribe tiene el apoyo de la población y fue un golpe liberador en medio del para-escándalo en el Congreso. El presidente Uribe habría perdido credibilidad, si el proceso se le hubiera salido de las manos en un momento tan decisivo y si los ex jefes de las AUC hubieran emprendido la huida que muchos temieron.

No obstante, con la recaída de muchos de los ex paramilitares en la criminalidad, la fase crítica del proceso comenzó hace tiempo. Tras la culminación de una beca de un año por parte del gobierno, los ex combatientes no encuentran trabajo ni una motivación para ingresar a la vida civil por lo a veces son reclutados por nuevas bandas criminales y presionados a tomar nuevamente un arma en las manos. Otros son asesinados, sea por venganza por parte de los rebeldes o por antiguos compañeros que temen que revelen la verdad.

Por esa razón fue asesinado un antiguo compañero de Mancuso en diciembre. Se especula que la orden de ejecución salió directamente de la cárcel de alta seguridad de Itaguí en Medellín. Acciones ilegales de intervención telefónica de la cárcel confirman con grabaciones la sospecha de acuerdo a la cual los ex jefes de la AUC dirigen desde allí acciones criminales, incluida la vuelta a las armas.

En total son más de 600 los desmovilizados que han perdido la vida. Eso nos recuerda el círculo vicioso de los 80’s y 90’s, cuando algunos de los miembros de las FARC renunciaron a la vía armada y optaron por introducirse en la política legal con un nuevo partido, la Unión Patriótica. Desde entonces son mas de 3000 los miembros que han sido asesinados, sea como políticos locales o como candidatos a la alcaldía; dos de ellos eran incluso candidatos a la presidencia. A esta experiencia acuden las FARC como justificación para la continuación de su lucha. Sin embargo, este argumento perdería cada vez mas su efectividad, si la desmovilización de los paramilitares lograra tener un éxito sostenible y el estado lograra imponer el monopolio de la fuerza.

Deficiencia del sistema judicial

Pero todavía nos espera un largo camino, si se tienen en cuenta también los pronunciados déficits en el sistema de justicia. Algunos escépticos subrayan el hecho de que la guerrilla y no el ejército, cobra fuerza en muchas zonas de antiguo dominio de los paramilitares. En ese vacío de poder entran también nuevas bandas, como las Águilas Negras, que operan sobre todo en la costa Atlántica, en la frontera con Venezuela y están envueltas con tráfico de drogas, homicidios y extorsión. Con el desarme de los paramilitares tradicionales el panorama de la situación es cada vez más confuso.

De acuerdo a los datos de la Organización de Estados Americanos se han formado 22 nuevos grupos violentos. Sin embargo, muchos municipios que padecieron bajo el régimen de los escuadrones de la muerte se encuentran libres de estructuras paramilitares. Pero algunos otros nuevos resultaron afectados por este problema. El panorama es, a pesar de todo, positivo: antes las AUC estaban presentes en 711 municipios, ahora están activas en 102 municpios y en 16 de los 32 departamentos. Las especulaciones sobre el número de nuevos combatientes fluctúa fuertemente entre los 3000 y los 9000. Ellos constituyen una amenaza seria al proceso de desmovilización y reinserción del gobierno. A los ojos de observadores internacionales como el International Crisis Group, Uribe subvalora el riesgo. Únicamente por medio de métodos de combate de la criminalidad, no sería posible vencer a este poder destructor.

Las opiniones también se dividen en relación a sí las partes tradicionales del conflicto son exclusivamente de naturaleza "criminal". El renombrado analista Alfredo Rangel, afirma que el hecho de ver en las antiguas partes del conflicto tan sólo a grupos criminales es una mentira vital. En primera instancia, más de diez mil comerciantes, empresarios, ganaderos, políticos locales y ciudadanos del departamento de Antioquia en el occidente de Colombia, aseguraron, en un acta firmada, haber apoyado libremente a los grupos paramilitares. Rangel subraya que el fenómeno es de carácter social y político, pero no criminal.

Preocupación ante la cada vez más grande brecha social

Esta impresión fortalece la encuesta de opinión que fue contratada por la revista Semana y publicada el 6 de mayo. De acuerdo con ella, una cuarta parte de los colombianos se inclinan a favor de los paramilitares. La mayoría de los colombianos no ven en el paramilitarismo el problema principal del país. En cambio, desde la toma de posesión de Uribe la proecupación por la brecha social en la sociedad ha crecido: temas como la probreza, la educación, el aseguramiento en salud son prioridad para un 92% de los colombianos. Hace cinco años sólo lo eran para un 51 por ciento. Hoy sólo para un 76 por ciento la violencia del país constituye una preocupación grande (en vez de un 92 por ciento hace cinco años). Esto es un logro contundente de la politica de seguridad de Uribe, la cual ha abierto un espacio político para ocuparse de temas urgentes para el país que no habían sido solucionados por ningún gobierno. Si hace cinco años un 89% de los colombianos creía que el país estaba en decadencia, sólo un 42% lo sostiene actualmente. Un 53% de los colombianos miran con optimismo el futuro en comparación al parco 9% de hace media década.

El hecho de que sean tantos los colombianos los que reconocen estar dispuestos a cooperar con los paramilitares es parte de la catarsis social y política por la cual atraviesa el golpeado país. En realidad todos lo sospechaban, pero ahora se puede hablar de ello. Periodistas pueden reprocharle a los políticos nexos con los paramilitares, sin que tengan que temer por su vida o exiliarse. La hipocresía pasó. Eso es un progreso, un cierre de una etapa para la democracia, tan sucia y dolorosa como sea.

Que esta purificación logre ser un aporte a la paz en Colombia depende de que no sólo el presidente, sino también las instituciones del estado, los partidos y los representantes populares fortalezcan su credibilidad, que el estado llene el vacío de seguridad de los paramilitares, y que los actores políticos establecidos, logren llenar el vacío social en la política colombiana.

La mayoría de los colombianos se sienten más seguros y la economía anda viento en popa. Ahora exigen más: reformas contra la desigualdad social y negociaciones políticas con la guerrilla. Es ganancia de Uribe el hecho de haber logrado moverlas de su posición de fuerza, a diferencia de lo que sucedió con su vencido predecesor, Andrés Pastrana.

El presidente sabe que en su segundo mandato no podrá anotarse puntos sólo a punta de mano dura. Sin embargo, no pierde oportunidad para corroborar su intransigencia respecto a enfrentar a los grupos armados ilegales por la vía armada en vez de aventurarse en una negociación precipitada. Por ejemplo, como sucesor de la ministra de Relaciones Exteriores que cayó con el escándalo de la parapolítica, nombró a Fernando Araújo (sin parentesco con María Consuelo). Este estuvo secuestrado durante seis años por las FARC y logró escaparse de la selva en año nuevo, gracias a un ataque aéreo por parte del ejército sobre la base de los rebeldes.

El nombramiento en la cúspide de la diplomacia de un hombre que estuvo privado del mundo externo durante seis años pretende enviar un menaje a los europeos y a los Demócratas en los EE.UU.: el gobierno no es responsable de la violencia y los secuestros, sino que las violaciones a los derechos humanos hacen parte del destino cotidiano de todos los colombianos y se suman sobre todo a las cuentas de la guerrilla. Pero resulta dudoso que esta simbología sea suficiente para debilitar el viento en contra que sopla en forma creciente desde Washington. Seguramente Uribe tiene que viajar más seguido a la capital estadounidense para darle la cara a los escépticos diputados y al número creciente de manifestantes en las calles de Washington.

A eso no le teme Uribe con su enérgico talante. Durante su tour promocional en la capital de los EE.UU. en mayo Uribe salió a la puerta, a pesar de las advertencias desesperadas de sus guardaespaldas, a confrontar a los manifestantes, quienes tenían, entre otras, pancartas donde se afirmaba: "Uribe asesino", "Esto es democracia", exclamó Uribe en medio de los chiflidos. "Soy un demócrata. A mí no me incomoda la protesta social, a mí me incomoda el terrorismo". En medio de un bullicio creciente el presidente añadió: "Quizás tenga que pedir disculpas por errores. ¡Pero nunca por crímenes!"