América Latina atraviesa un momento de profunda tensión institucional. El surgimiento de nuevos liderazgos populistas, el deterioro sostenido de los índices de democracia, la corrupción persistente y el debilitamiento de los órdenes jurídicos establecidos configuran un escenario que distintos observadores han denominado "crisis del Estado de derecho". Datos como los del Democracy Index de The Economist Intelligence Unit, el informe anual del Instituto V-Dem o el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project coinciden en señalar que esta tendencia no es puntual ni circunstancial: en 21 de los 32 países de América Latina y el Caribe, la adherencia al Estado de derecho retrocedió en años recientes.
Frente a ese panorama, esta publicación formula una pregunta central: ¿puede la jurisdicción constitucional convertirse en un contrapeso efectivo? ¿Tienen los tribunales constitucionales la capacidad —y la legitimidad— para resolver desafíos estructurales, frenar actuaciones que erosionan la legalidad y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía?
Para responder a ello, el Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales —integrado por especialistas en derecho constitucional y magistratura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela— analiza la situación desde cada contexto nacional. Cada capítulo examina las causas propias de la crisis en su país, las respuestas que han dado o pueden dar los tribunales, y las tensiones entre legalidad, legitimidad democrática y protección de derechos. El resultado es una obra colectiva que, más que ofrecer respuestas definitivas, traza con rigor el mapa de los desafíos que enfrenta el Estado de derecho en la región y abre el debate sobre los caminos posibles para enfrentarlos.
Esta serie, que el Programa publica ininterrumpidamente desde hace más de una década, es hoy una referencia consolidada para el mundo jurídico, la academia, la judicatura y quienes toman decisiones en América Latina. La presente edición no es la excepción: su lectura es indispensable para quienes trabajan por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía efectiva de los derechos en nuestra región.
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