En agosto de 2025, el Ejecutivo Federal anunció su intención de promover una nueva reforma constitucional en materia electoral; este reporte tiene como objetivo proporcionar un marco legal riguroso para analizar dicha reforma.
El reporte, titulado “Estándares internacionales orientadores para la próxima reforma electoral en México” analiza las obligaciones internacionales de México en el contexto de los avances que el país ha logrado durante décadas para fortalecer su sistema electoral y salvaguardar la democracia. El documento señala que el anuncio de agosto de 2025 ocurre tras los intentos fallidos del anterior gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de reestructurar el sistema electoral a través del “Plan A” y el “Plan B”. Planteadas bajo argumentos de austeridad administrativa, aquellas iniciativas propusieron una "simplificación" institucional que expertos y organismos internacionales advirtieron que comprometería la operatividad de la autoridad electoral y desmantelaría controles democráticos esenciales. En este contexto, la intención del gobierno de introducir otra reforma electoral plantea serias preocupaciones de que la nueva propuesta pretenda socavar la integridad de las elecciones y la democracia en México.
“La gravedad de este escenario radica en la naturaleza histórica del sistema electoral mexicano,” señala el reporte. “El modelo electoral actual se construyó específicamente para poner fin a setenta años de hegemonía de un solo partido (1929–2000), durante los cuales el gobierno controlaba cada etapa del proceso de votación.”
El reporte enfatiza el papel vital de las instituciones actuales:
El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha sido fundamental para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de manera justa y libre. Como organismo autónomo encargado de organizar, implementar y supervisar las elecciones mexicanas, es ampliamente considerado como una de las comisiones electorales más eficaces e independientes del mundo.
- Para asegurar que la próxima propuesta respete el Estado de Derecho, el reporte formula las siguientes recomendaciones dirigidas al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal: Establecer el principio de no regresividad como el referente legislativo absoluto.
- Preservar el sistema de representación proporcional y los límites a la sobrerrepresentación.
- Garantizar la preeminencia del financiamiento público de las elecciones para evitar su captura por intereses económicos o ilícitos.
- Mantener el régimen de neutralidad e imparcialidad gubernamental, particularmente las prohibiciones establecidas en el Artículo 134 de la Constitución.
- Salvaguardar la independencia y el servicio civil de carrera basado en el mérito de las autoridades electorales.
- Fortalecer el federalismo electoral, preservando la capacidad de los Organismos Públicos Locales (OPLEs) para organizar comicios locales.
- Asegurar la expansión progresiva de las modalidades de sufragio, como el voto electrónico, el voto anticipado y el voto en prisión preventiva.
“La defensa de la democracia es una tarea constante que nos corresponde a todos. La BMA aporta a la discusión propuestas y análisis jurídicos, buscando con ello la aprobación de una reforma que fortalezca la vida pública a través del sistema electoral,” señaló Ana María Kudish, Presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
“La reforma debe llegar en consenso. Se debe fortalecer la autonomía de las autoridades electorales y respetarse su independencia. Esta reforma tiene que ir acompañada de la pluralidad política y democrática, y consensuarse entre todos los actores que participarán en la contienda”, señaló Arturo Espinosa Silis, del Laboratorio Electoral.
“México se encuentra en una coyuntura crítica. Mientras el gobierno prepara una nueva propuesta de reforma electoral, es esencial que cualquier cambio preserve los derechos de voto y la integridad electoral”, declaró Amrit Singh, Profesora de Práctica y Directora de la Facultad del Rule of Law Lab en NYU Law. “El derecho internacional exige que México mantenga el nivel de protección de los derechos políticos ya alcanzado. Publicamos este análisis ahora para asegurar que cualquier iniciativa futura fortalezca, y no debilite, el tejido democrático del país”.
“México ha construido, a lo largo de décadas, un sistema electoral con reconocimiento internacional por su solidez institucional. Cualquier reforma futura debe respetar esos avances y el principio de no regresividad democrática. Este reporte ofrece recomendaciones y criterios jurídicos para enriquecer el debate público y legislativo sobre una eventual reforma electoral, con apego al Estado de Derecho y una visión de largo plazo”, señaló Hans Blomeier, Director de la Fundación Konrad Adenauer México.
Para leer el reporte completo en inglés y español, por favor descárguelo en nuestro sitio:
Contactos:
- Fundación Konrad AdenauerMéxico: Juan Pablo Campos González – juan.campos@kas.de.
- Barra Mexicana, Colegio de Abogados (Español): Luis Enrique Pereda – luisenriquepereda@yahoo.com.mx
- Laboratorio Electoral (Español): Arturo Espinosa Silis – arturoespinosa@laboratorioelectoral.mx
Sobre las organizaciones:
Rule of Law Lab en NYU Law: El Rule of Law Lab es un instituto no partidista que estudia y despliega herramientas legales —investigación jurídica, documentación, litigio y promoción— en estrecha colaboración con profesionales y académicos locales para proteger la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.: Es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social es fomentar en sus miembros y en la sociedad el espíritu de equidad, la justicia y la defensa de los principios del derecho, así como procurar el mejoramiento de la administración de justicia.
Laboratorio Electoral: Es un centro de pensamiento nacido en 2017, enfocado en elecciones y democracia en México y América Latina; estudia, analiza e incide en los temas que son fundamentales para el desarrollo y consolidación de las democracias.
Fundación Konrad Adenauer México: Fundación política alemana dedicada al funcionamiento integral del sistema democrático, el fortalecimiento del Estado de derecho, la promoción de una economía sustentable con justicia social y la política internacional y de seguridad.
