Lo ocurrido en Panamá resulta significativo precisamente por ese desfase. La Asamblea aprobó por consenso una declaración que condena las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua y reconoce, en línea con el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que algunos de los patrones documentados podrían constituir, “prima facie”, crímenes de lesa humanidad. Es un acto político relevante, sobre todo porque Nicaragua dejó de ser miembro del organismo el 19 de noviembre de 2023. Pero el contenido del consenso y lo que este revela sobre la condición actual del multilateralismo regional merecen una lectura más fina que la mera celebración o el desencanto.
Autor: Douglas Castro-Quezada
Investigador y activista por la democracia, exiliado nicaragüense. Es doctorando en la Universidad de Oxford, donde investiga las trayectorias divergentes de la erosión democrática en Centroamérica. Posee una maestría en Ciencia Política por la London School of Economics y una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Fue investigador y docente en la Universidad Centroamericana de Nicaragua.
Este artículo fue elaborado en el marco de una cooperación entre la Fundación Konrad Adenauer y Expediente Abierto. Las opiniones, análisis y conclusiones expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición de la Fundación Konrad Adenauer ni de Expediente Abierto.
